La discusión de la agenda electoral, regional y local, para los próximos 4 años, se ha centrado esta vez en la seguridad ciudadana y en las obras públicas. Hemos presenciado encarnizados debates sobre los «intereses prioritarios» de las colectividades y hemos visto pasar nuevamente desapercibidos para los candidatos y los electores, temas no menos importantes como las frecuentes situaciones de explotación sexual o laboral de seres humanos.
Hoy ya con buena parte de los alcaldes de distritos y provincias, al igual que presidentes regionales elegidos, a éstos les toca prepararse para enfrentar retos y responsabilidades que les impone el cargo público en su área de influencia. Cabe recordar que la ley 28950 y su reglamento obligan a estas autoridades a ejecutar una serie de acciones para la prevención y persecución de la trata de personas.
En más de una oportunidad hemos señalado la responsabilidad de los gobiernos locales para enfrentar este delito, cuya expresión patente y concreta se encuentra precisamente en este espacio de responsabilidad pública: ,entre otros están las licencias de funcionamiento, las inspecciones fiscales y el control de la seguridad ciudadana.
¿Acaso no se encuentra en la jurisdicción de los gobiernos locales. la cantina donde se explota a adolescentes que son encerradas con candado, obligadas a tener relaciones sexuales con siete parroquianos cada noche; o el panel en el mercado donde se ofertan empleos que son abiertamente una farsa para captar a víctimas necesitadas de trabajo para luego explotarlas?.
¿Acaso no se encuentra en la jurisdicción de los gobiernos regionales los servicios de salud que deben brindar asistencia gratuita a las víctimas, las escuelas donde una adecuada prevención contra la Trata de Personas restaría víctimas en el país? ¿No son las direcciones regionales de trabajo o de transporte las que deben supervisar el sector formal e informal del trabajo y transportes, para verificar las condiciones de trabajo y prevenir la trata de personas o controlar el traslado de menores de edad en vehículos de transporte público o privado?
La reflexión que deja el debate electoral, es que se ha hablado muy poco de estos temas que hacen con los derechos humanos de los votantes y que ponen en jaque la sostenibilidad de las colectividades. La gobernanza y la gerencia de las políticas públicas, han estado también ausentes. Se ha discutido, como casi siempre en estos procesos, la agenda, pero no el cómo hacerlo.
En un país caracterizado por tener muy buenas leyes y muy mala gestión, hemos olvidado lo más importante.
Si en los próximos años lográramos que los alcaldes, presidentes regionales y sus equipos de gestión se sensibilizaran en el tema, comprendieran la importancia de asumir sus obligaciones legales ante la trata de personas y las instrumentalizaran no solo en normas legales, mesas o comités de trabajo, sino en servicios concretos cuyas metas de atención verifiquen en términos de calidad, cobertura y logro, así como acciones de control efectivo, habríamos dado un enorme paso en la lucha contra este delito.
Esperamos sin embargo, que la acción de las autoridades que están por asumir sus cargos, muestre éxitos locales y regionales en la lucha contra la trata de personas. No se puede esperar menos.
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