Reporte Alternativo ha revisado minuciosamente los planes de gobierno de las cinco principales candidaturas a la Presidencia y al Congreso de la República, sin encontrar en ninguno, un reconocimiento explícito a este grave y creciente problema en el Perú y en el mundo.
Hemos revisado las Políticas Generales de los Planes de Gobierno propuestas por los Partidos Políticos, así como las propuestas específicas relacionadas a Derechos Humanos y a Seguridad Ciudadana sin que el concepto, siquiera general de la Trata de Personas, se mencione.
Y así como hubiese sido importante que este problema social y económico delictivo se desarrolle en los planes y programas de gobierno, en los discursos de campaña o en el debate presidencial, desde cualquiera de los ángulos en que este fenómeno se puede abordar (Derechos Humanos, Crimen Organizado, Seguridad Ciudadana u otro), también es importante destacar su ausencia, por lo que ello significa.
Significa que la dramática situación vivida por centenares de niñas y niños que representan tan sólo la punta del iceberg de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, no se ha logrado comunicar adecuadamente a quienes deben decidir cómo enfrentarla.
Significa que las víctimas aún permanecen en el anonimato del submundo al cual han sido transportadas por los tratantes, pues no hemos logrado transmitir el sentido de urgencia de que ellas no debieran seguir esperando un día más su pronta liberación.
Significa que aún tiene mayor impacto electoral exigir la pena de muerte o el incremento de las sanciones para delitos parecidos, como la violación de un menor, sin que quienes escriben el guión de las propuestas se detenga a pensar que una víctima de trata es sometida decenas de veces a violaciones, encierro y más violaciones, antes de tener la posibilidad de ser liberada.
Esa ha sido la suerte de 504 niñas y 390 mujeres jóvenes rescatadas a la fecha, básicamente de la Trata de Personas con fines de explotación sexual. Y esta es tan sólo una pequeña muestra. Son muchas más.
Esta grave ausencia en el discurso político electoral nos plantea que tenemos que insistir en entregar más información a las fuerzas políticas; más capacitación a los funcionarios obligados a prevenir y perseguir el delito, así como a proteger a las víctimas; más trabajo con los medios de comunicación y la opinión pública; más vigilancia por parte de la sociedad civil.
Posiblemente se nos puede decir que en los planes de gobierno no se pueden considerar todas las variables a ser trabajadas, y es verdad.
Pero situaciones que suponen la vigente esclavitud y explotación de seres humanos a despecho de lo que afirma nuestra Constitución Política en su primer artículo «La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado», nos plantea que aún hay mucho trabajo por hacer, sobre todo a nivel de quienes van a tener la responsabilidad de manejar el país y de dictar las leyes para la protección de las personas y el desarrollo de la sociedad.
¿Cuánto sabe la clase política sobre la trata de personas? ¿Cuánto sobre los Derechos Fundamentales de la Persona que conforman el Capítulo primero de la Constitución o sobre la prohibición expresa del artículo segundo relacionada textualmente a la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas?
Vaya paradoja, pues el próximo Presidente de la República jurará cumplir esta Constitución al igual que los 130 Congresistas que salgan elegidos.
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