El proceso penal peruano en el delito de trata de personas: 14 casos en Lima y Loreto -una de las últimas publicaciones de CHS Alternativo- narra como los traslados de ciertas víctimas se realizaron a través de los ríos de Iquitos, y que una vez en Yurimaguas o Pucallpa fueron movilizadas hacia otro punto del país.
Esto ocurrió a pesar de que existe un aviso de Capitanía de Puerto para supuestamente controlar el traslado de menores de edad en las rutas fluviales de esta zona, tan pródiga en denuncias de trata y desapariciones de menores de edad.
De hecho, el problema va más allá de la cantidad de agentes policiales y sus insuficientes recursos económicos para establecer operativos e investigaciones contra los criminales -tal como señalara en una entrevista Ismael Vásquez Colchado, Jefe de los Grupos Operativos de la Sección de Trata de Personas y Personas Desaparecidas de la DIRINCRI de Iquitos-: la complicación surge más bien de la proliferación de puertos informales a lo largo de las rutas de navegación.
Una proliferación de puertos o puntos de embarque en medio de la informalidad de las empresas de transporte fluvial y la necesidad de los pobladores ribereños.
Para las autoridades de Loreto no es ninguna novedad: el transporte informal prácticamente define casi todo lo que se moviliza en la Amazonía. Por lo general, a nadie parece preocuparle que los pasajeros viajen con animales y bultos a veces maquinarias, otras: madera, vehículo, alimentos y incluso cargamentos prohibidos como drogas-, sin importar la seguridad de los pasajeros.
Pero junto a esta peligrosa costumbre, está el hecho de que lanchas y motonaves suelen zarpar desde cualquier parte: resulta muy fácil embarcarse desde cualquier punto del río sin necesidad de registrarse como pasajero -ni a sus acompañantes-. Es el equivalente de las combis piratas en las ciudades: el poblador cree que en realidad no necesita un puerto con infraestructura -los paraderos urbanos-, sino que cualquier sitio le sirve.
Demás está decir que en una situación así, cualquier tratante puede trasladar a sus víctimas sin ningún problema.
En el transporte formal se embarca todo aquello relacionado con el comercio.
En el transporte informal se embarca cualquiera.
Hubo intentos de normalización: por ejemplo, en algún momento se pretendió que los boletos de viaje se vendieran en una garita (Masusa) tal como ocurre en los aeropuertos. La idea nunca prosperó. Hoy, el boleto de viaje lo sigue vendiendo el mismo lanchero: ni siquiera lo hace al momento de zarpar sino cuando ya está en plena navegación.
¿Por qué no hay control? Porque no existen normas reguladoras, porque no hay los suficientes agentes policiales que vigilen los puertos y ríos, y porque los pobladores aún no se han percatado de su grado de responsabilidad.
Cierto es que en Masusa -uno de los principales puertos de Iquitos- se puede observar un aviso de la Capitanía del Puerto que intenta ordenar esta situación, pero aún así, es solo un aviso: nadie allí parece considerarlo como una norma obligatoria.
Al no existir una norma en la ruta fluvial que regule y obligue a la formalidad del transporte, se están originando las oportunidades suficientes para las redes de trata de personas. Eso sin mencionar que existen otros fenómenos que si bien no se relacionan con este delito necesariamente, pueden potenciar su riesgo a sufrirlo.
Es el caso de los niños que laboran en la estiba y el reciclaje de basura de los puertos: jóvenes que podrían ser fácilmente captados por criminales. Porque nadie controla su trabajo y nadie ningún adulto los vigila.
Comencemos por cosas simples y rápidas. Que se emita un boleto de viaje en puntos de venta ajenos a las naves, por ejemplo. O que se requiera un registro de todos los pasajeros a bordo. Que se obligue a mostrar el documento de identidad o la partida de nacimiento del menor de edad que acompaña. O que los inspectores se preocupen en pedir las autorizaciones de viaje de los padres si es que algún niño requiere ser transportado.
Incluso ayudaría muchísimo que los mismos pasajeros exijan que las embarcaciones no se detengan en cualquier punto.
Porque claro, esto ya queda en el terreno de generar una conciencia responsable de los mismos ciudadanos loretanos: que sepan que estas regulaciones son indispensables para su propia seguridad como navegantes de ríos amazónicos.
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