Este evento se realizó el 28 de mayo en Quito, en la Asamblea Nacional del Ecuador como gestión del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, el Viceministerio de Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo, ACNUR, NRC, GIZ – PRODEM, Fundación Esperanza y FES-ILDIS y el Consejo Noruego para Refugiados.
La participación como sociedad civil de CHS Alternativo a través de su Presidente Ricardo Valdés, fue con una ponencia en la Mesa de Trabajo sobre Trata y Tráfico de Personas incorporando la experiencia peruana de esta problemática. Hubieron 4 mesas: Emigración y Retorno; Asilo y Refugio; Inmigración; Trata y Tráfico de personas; con un panel de especialistas de Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y México. La participación de CHS Alternativo se resumió en 5 puntos:
1. En relación a las respuestas institucionales destacadas como buenas prácticas de políticas públicas y marcos legislativos, destaca la creación el 2014 del Grupo Multisectorial Contra la Trata de Personas; la elaboración y aprobación de la Ley y Reglamento de la Ley 28950 que adapta la legislación peruana al protocolo de Palermo; la aprobación del Sistema de Registro y Estadísticas del Delito de Trata de Personas y Afines desde el ángulo de la denuncia, conocido como RETA PNP; en el 2011 el desarrollo del marco normativo que concluye con un Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes con vigencia hasta el 2016; el establecimiento en el Ministerio Público de mecanismos de registro del delito de TdP desde el ángulo de la judicialización del caso; y el avance en una visión integral a través de relacionar normativamente la trata con otros delitos conexos como minería ilegal, lavado de activos, tráfico de drogas y falsificación de documentos entre otros.
Como aspectos a tomar en cuenta para la discusión están la pertinencia de incorporar el delito de TdP al interior de una ley sobre la movilidad humana; asociar la trata al tráfico ilícito; la dotación de recursos para la implementación de la política pública y el rol de la corrupción, principal responsable de que el RETA PNP dejara de funcionar desde el 2012.
2. Sobre buenas prácticas en medidas de prevención, existe el avance del Reglamento de la Ley 28950 que establece responsabilidades funcionales para organismos del ejecutivo a nivel nacional, de gobiernos regionales (25) provinciales y distritales; la implementación de la campaña Más Control menos rutas de explotación; el acuerdo con la oficina de migraciones para utilizar vídeos informativos sobre precauciones al ingresar a otro país y la difusión de imágenes de personas desparecidas. El Estado ha implementado una ventanilla de atención en el Ministerio de Trabajo para búsqueda de empleo y confrontar si las ofertas son reales o no; en el Ministerio de Turismo existen acciones para la suscripción de hoteles al código de ética contra el turismo sexual infantil o situaciones de explotación sexual. En el Ministerio del Interior con CHS Alternativo se impulsó la continuidad al uso de la página web de Peruanos Desaparecidos, integrando esta problemática a la situación de TdP en capacitaciones al personal policial y en campañas en medios de comunicación; y la aprobación de normas que relacionan la minería informal o ilegal con la TdP en sus variantes de explotación laboral o sexual. Se precisó que el Plan Nacional contra la TdP, y la estrategia contra la minería informal mantienen limitaciones presupuestales.
3. Sobre las buenas prácticas en medidas de protección de acuerdo a la ley y el reglamento, existe la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos para incorporar a las víctimas de trata, sus familiares, testigos y peritos, aunque en la práctica son los casos judicializados los que reciben mayormente atención por parte de esta Unidad.Dentro del proceso de proporcionar mayor y mejor protección a derechos de las víctimas de trata, la oficina de Defensa Pública dependiente del Ministerio de Justicia pone en práctica la obligación de incorporarlas dentro del sistema de defensa pública o de oficio para garantizar el acceso a la justicia y a la indemnización, según lo determinado en el 2008 por el reglamento de la ley anti trata. En el 2011 el Ministerio de Justicia crea el Vice ministerio de Derechos Humanos. Durante el 2012, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Defensorial 158 donde se insta a diversas entidades relacionadas con la protección de victimas de trata, en especial NNA, a dar operatividad a las medidas necesarias para dicho fin; llamando la atención al Poder Judicial por las deficientes indemnizaciones y por no garantizar en casos con niñez involucrada, el derecho a la intimidad y a la protección de la identidad.
Establecimiento el 2014 por parte del Municipio de Lima (Gobierno Local) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMPV de dos albergues en Lima para víctimas de trata. Se precisó que hace falta mayor articulación interinstitucional y superar la escasez de información y conocimiento con relación a las rutas de atención, así como el mejoramiento de coordinaciones; donde los ejemplos de buenas prácticas están basados en la buena voluntad de algunos funcionarios públicos a nivel del Estado e iniciativas de la sociedad civil.
4. En relación a las buenas prácticas sobre implementación, monitoreo y seguimiento de estas políticas, las dos instancias de Gobierno que llevan acciones de monitoreo son la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. La primera ha presentado un Informe Defensorial con observaciones sobre diversos grados de incumplimiento de PP y recomendaciones a diversos sectores sobre aspectos a modificar. En el Congreso se han creado en las Comisiones Parlamentarias grupos de trabajo contra la TdP, integrado por diferentes congresistas con alcance multipartidario; en setiembre de 2012 se publicó la ley 29918 que manda al Primer Ministro y al Ministro del Interior a dar cuenta de lo actuado en el año en materia de lucha contra la TdP; en Setiembre de 2013 la sociedad civil a través de CHS Alternativo presentó el «Informe Alternativo» sobre el estado de la situación de la TdP en el Perú, adjuntando un pliego de preguntas, siendo asumido por el Grupo Parlamentario contra la TdP. Con relación a las Veedurías Regionales, en el I Encuentro Nacional contra la TdP el 2012 y el II Encuentro Nacional a realizarse en Junio, se planteará la revisión de la aplicación de la política pública a nivel de las Veedurías Regionales.
Otros aspecto en el seguimiento y monitoreo fue impulsar desde la sociedad civil la participación de medios de comunicación en información y prevención de la TdP a través de 3 concursos de investigación periodística.
5. Sobre recomendaciones sugeridas para la Ley Ecuatoriana e incorporarlos en una normativa integral se plantearon y fundamentaron temas en relación a: Los delitos diferenciados, los planes y responsabilidades diferenciados, el presupuesto, sobre el grupo multisectorial y planes de acción, el monitoreo y seguimiento, el fortalecimiento de la prevención y protección, el conocimiento y el relacionamiento internacional.
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