N° 182: No hay presencia del Ministerio de Transportes en rutas de trata de personas

1. ¿Cuál es la percepción de los funcionarios entrevistados en las zonas de investigación con respecto a las acciones del Estado en las rutas de trata de personas y qué relación tiene esta percepción con la corrupción e impunidad?

En conversación con algunos fiscales, había una desorganización en las políticas que estaba emprendiendo el Estado para estas zonas. Muchas fiscalías no tienen personal especializado en trata de personas. En el caso de los policías sucedía lo mismo, había efectivos que recibieron charlas y orientación sobre trata de personas, sin embargo, cuando regresaban a sus comisarías, el conocimiento no era aprovechado para organizar una unidad o un grupo especializado en temas de trata, los ponían a patrullar o a otras labores que estaban un poco alejados del problema. No había un plan estratégico en sí, eran acciones aisladas, muy desorganizadas en todo caso.

2. Desde el trabajo de campo realizado, ¿cuál es el impacto de las interdicciones contra la minería ilegal en Madre de Dios frente a la trata de personas?

Para los funcionarios que realizan las interdicciones, la trata de personas simplemente es un daño colateral. Al inicio no se realizaban intervenciones a los bares de estos lugares, luego con la presión de los medios de comunicación se empezaron a realizar intervenciones a prostíbulos y a prostibares, como se les llama. Del mismo modo, también se llegaron a organizar fiscalías especializadas. Por otro lado, a muchas de las víctimas les “lavan la cabeza” o están muy identificadas con sus captores. La UDAVIT no realiza un trabajo adecuado no porque no quieran, sino porque muchas veces no se les facilita el trabajo. Ni siquiera les avisan de las intervenciones, la UDAVIT debería participar desde que empieza la intervención, desde que la víctima menor de edad es encontrada en el bar, pero muchas veces los policías o los mismos fiscales no les comunican y finalmente las sobrevivientes terminan siendo entrevistadas por periodistas, lo cual es desastroso. No hay un trabajo coordinado, no hay un trabajo especializado, no hay un plan sobre este tema, solo hay acciones aisladas o se organizan solo para la intervención.

3. Considerando que la demanda de la trata de personas varía en función a la estación del año, ¿qué estrategias cree usted que podrían ser implementadas por los gobiernos regionales y locales en la lucha contra este delito?

Hay muchas experiencias que he encontrado, por ejemplo, en la Fiscalía se realizan charlas, acercamientos hacia la población para explicarles sobre este problema. Muchas veces, la población toma este problema como algo cotidiano, para ellos es común que una menor de edad trabaje, incluso en un bar a altas horas de la noche. El trabajo de los fiscales, por ejemplo en Huantamanga, logró reducir este problema y también logró visibilizarlo. Hay proyectos como los fiscales escolares, que realizan un trabajo de prevención. Esta experiencia la vi en Nauta hace unos años, profesores de los colegios afirmaban que era valiosa la información que les daban, pero actualmente no tienen apoyo. Antes iban instituciones como la misma Fiscalía o el MIMP para realizar charlas preventivas, actualmente no se hace. Trabajar desde la base, desde la prevención es lo más importante, explicarles a las familias que eso es un problema grave que no es común o cotidiano y que no debería serlo.

4. Una de las conclusiones de la investigación es el desconocimiento del delito por parte de la población en mayor riesgo social, ¿cuáles son los canales de acceso a la información a los que se debe recurrir para fortalecer la prevención de este delito?

Los medios de comunicación no son tan importantes, es más importante el trato directo, como ir a los mismos colegios, dar charlas, hacer proyectos preventivos con los mismos muchachos, con los niños, con las familias. Debe haber trato directo con la misma gente que es vulnerable a estos temas, de menores recursos, menores de edad, los muchachos que están por acabar el colegio, las comunidades, las cuales son lugares donde hay que ir porque a veces no hay medios de comunicación, es un trabajo arduo. Yo creo que el contacto directo es lo más efectivo.

5. ¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio en materia del control de las rutas de tránsito de las víctimas de trata de personas? ¿Qué elementos comunes se pueden identificar en las tres rutas?

Había muy poca fiscalización de las instituciones del Estado en las carreteras. Las mismas fiscalías no estaban presentes en la ruta, las personas circulan libremente, especialmente los menores de edad, entre estas zonas de la Amazonía sin ningún problema. Los transportes más comunes son los buses interprovinciales, pero también son utilizados autos colectivos o los minivan para transportes menores y personas. Cuando la Policía interviene en el lugar, solamente se hacen operativos para temas de narcotráfico, pero no para el tema de trata de personas. Esta zona (Huánuco, Pucallpa y de Tingo María) es bastante sensible y debería tener un control más estricto.

Hay ausencia policial en todas las rutas encontradas, hay controles policiales que no se hacen y también hay mucha corrupción en la zona por la policía de carreteras, algunos fiscales y conductores comentaban que basta con pagarle quince soles a los policías para que los dejen pasar con libertad, y eso es prácticamente como un peaje para evitar cualquier control. No hay presencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en toda la investigación que hicimos no había en todas las rutas. Hemos visto que el MTC sí está en los terminales terrestres, pero cuando suceden los traslados a las víctimas no se las llevan por el terminal terrestre, sino que se suben en la ruta o en cualquier paradero informal y en esos lugares no hay ningún tipo de control. Lo más común que encontramos es el libre tránsito de menores de edad. Debería haber policías especializados en trata de personas para las rutas, hay muchos policías que ni siquiera saben qué es trata de personas.