Winchumayo, una mina de explotación laboral.Hablar de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas, no sólo hace referencia a delitos contra la libertad, sino además a delitos cuyos alcances económicos los coloca internacionalmente en el segundo lugar en cuanto a ingresos para el crimen. organizado, después del tráfico ilícito de drogas y por encima del tráfico de armas.
Esta semana los medios de comunicación difundieron la situación lamentable del aluvión en Winchumayo, que puso en alerta la inacción del Estado para supervisar ciertas actividades económicas en el país, en este caso la minería artesanal. Se hizo finalmente visible la cantidad de pequeños campamentos de minería informal, en zonas remotas, al margen de los ríos, como por ejemplo el Inambari, ubicado también en Puno.
Asimismo, se dio a conocer no solo la tragedia de decenas de familias afectadas por el aluvión, sino las terribles condiciones de vida y de explotación en que viven los mineros informales. Además, se puso sobre el tapete dos cosas más: en realidad se desconoce si hay más fallecidos, (personas que tal vez serán reportadas como desaparecidas por sus familiares más adelante), ya que hay un constante movimiento de personas que se desplazan anónimamente de un campamento a otro, para vender y ofrecer productos, o mano de obra.
A esta situación, se unen otros sucesos que fueron expuestos por los medios de comunicación, donde denunciaron por ejemplo, que en el asentamiento minero de Huepetuhe en Madre de Dios y en la Rinconada en Puno, menores de edad eran esclavizados laboral y sexualmente, sin que el Estado tomara medidas al respecto. A esto se agrega, la situación deplorable de los adultos en la Rinconada y en Winchumayo, que son captados para trabajar toda la semana y reciben como único pago a cambio, un saco de tierra que deberán trabajar en su día libre y con suerte encontrar «un palito de oro».
Toda está problemática, nos muestra otro drama que se da no solo en los asentamientos mineros, y que lejos de ser la excepción, ha pasado a convertirse en una constante en las relaciones «laborales» en estos lugares: la trata de personas con fines de explotación laboral o mejor dicho la esclavitud del siglo XXI.
Lo descrito palidece frente a la explotación que se viene produciendo en los Deltas y en Guacamayo, todas ellas, explotaciones mineras informales en Madre de Dios.
Toda esta situación nos lleva a hacernos algunas preguntas: a cuánto pueden ascender los ingresos ilegales del delito de trata de personas? Cuánto representa para el Estado atender a las víctimas de trata de personas en todos sus aspectos, desde la salud, hasta la atención legal que debieran recibir las víctimas durante los procesos penales que se siguen a los tratantes?
En este contexto Mirada Ciudadana entrevistó al Viceministro de Justicia Erasmo Reyna, quien nos confirma que «la trata de personas es un crimen organizado que produce grandes sumas de dinero, explotando a las personas más necesitadas, siendo el ingreso económico lo que rige, obviamente de forma ilegal».
Es así que el Viceministro de Justicia, se ha comprometido a través de la Procuraduría Pública para el Lavado de Activos, a trabajar con los procuradores la problemática de trata de personas y de esta forma, poder detectar a las mafias.
Casos como el de Winchumayo no pueden pasar desapercibidos por el Estado. Desde Mirada Ciudadana, primera veeduría sobre la trata de personas, exhortamos a los directores regionales de Salud, Educación, Energía y Minas, de Trabajo, Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, y al propio gobierno regional de Puno, a tomar acciones inmediatas para solucionar el infierno que vive esta población.
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