Solo para que conste en acta: «En Perú, varios miles de personas se ven obligadas a laborar bajo condiciones de trabajo forzado, principalmente en minería, actividades forestales, agricultura, fabricación de ladrillos y trabajo doméstico».
En el papel se lee: «Mujeres y jovencitas son reclutadas y obligadas a prostituirse en clubes nocturnos, bares y burdeles en las zonas urbanas y centros mineros del Perú. A menudo esto sucede a través de falsas ofertas de trabajo o bajo promesas de brindarles educación».
Líneas más abajo, el Estado aparece también como parte del problema: «Asimismo, existen documentos que señalan que un número menor de adolescentes se encuentran sirviendo en las Fuerzas Armadas del Perú. Aunque en el 2009 se presentaron 150 denuncias sobre soldados menores de edad a la Defensoría, solo 20 de estas denuncias fueron reportadas por las autoridades en el 2010».
Quien ha escrito estas frases tan directas y críticas no es ningún esforzado sociólogo de universidad peruana. Tampoco un profesor de escuela modelo o un periodista de alguna unidad de investigación.
Las frases le pertenecen al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Específicamente, a su Informe sobre la Trata de Personas 2011 (TP).
Allí no solo se detalla la realidad del país y la situación desprotegida de las víctimas de trata: también se dictan una serie de recomendaciones que supuestamente el gobierno peruano debería considerar en su lucha contra la trata de personas. Es más, en ese documento se especifica que el Perú se encuentra en una clasificación de nivel dos. Es decir, en la cuerda floja. En el dilema de ser o no ser.
¿Debería importar lo que dice el informe? Debería. La clasificación dos puede entenderse así: como la antesala preparatoria para llegar al óptimo nivel uno o el tobogán rápido a un deshonroso nivel tres.
Podría decirse que es una jerarquía de prioridades estatales.
Un país con clasificación nivel uno es un país con políticas definidas contra la trata de personas. Según los cánones del Departamento de Estado norteamericano, este nivel implica que un Estado ha reconocido la existencia de este delito y se esfuerza por combatirlo a partir de medidas ejemplares. En la región, solo Colombia reúne estas condiciones.
En cambio, un país con clasificación tres no solo obtiene una tachadura moral a nivel internacional: es proclive a recibir todo tipo de sanciones económicas. De hecho, Estados Unidos los considera «países cuyos gobiernos no cumplen con normas mínimas contra la trata ni hacen esfuerzos considerables para cumplirlas».
Las sanciones: no se puede recibir apoyo de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Se cortan los préstamos y se afectan las inversiones. La única manera de recibir dinero sería sufriendo algún tipo de desastre natural: bajo la forma de ayuda humanitaria. Es más, estos países se granjean la suficiente antipatía de Estados Unidos como para bloquear algún tipo de ayuda económica de parte de otras naciones.
Venezuela y Cuba son países de nivel tres, por ejemplo.
Radical pero decisiva, así es como Estados Unidos castiga la indiferencia de estos gobiernos ante la trata de personas en sus modalidades de explotación sexual y laboral, delitos considerados a estas alturas atentados contra los derechos humanos.
Si bien no somos los únicos en la región que ostentamos una clasificación dos -Brasil, México, Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia nos acompañan-, tampoco hemos mejorado en el tiempo: en el 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, Perú permaneció estancado en su categoría.
Incluso en 2004 y 2006 ya estuvimos en la inquietante Lista de Vigilancia de Nivel Dos, que es una suerte de dimensión desconocida -etérea, lúgubre, angustiosa- dentro de la jerarquía propuesta por Estados Unidos. De allí al nivel tres solo queda un paso. Algo en el que a ningún país le gustaría estar por las posibles repercusiones que implica.
Solo para que conste en acta: «El gobierno peruano no proporcionó ninguna información sobre sus investigaciones, juicios, condenas o sentencias impuestas a empleados del gobierno comprometidos en el delito de trata de personas. La corrupción que existe entre oficiales de bajo rango permitió el favorecimiento de burdeles no autorizados y la prostitución infantil».
O esta sentencia: «Por quinto año consecutivo en el Perú se realizaron pocos procesos judiciales y no se informó de ninguna condena por delitos de trabajo forzado, pese a que se estima una alta incidencia de estos delitos en el país».
O esta otra: «El gobierno no tiene ningún mecanismo oficial para identificar a posibles víctimas de la trata de personas entre las poblaciones vulnerables como mujeres adultas dedicadas a ejercer la prostitución o los niños en el sector de la minería informal. El gobierno peruano no cuenta con ningún programa oficial que ofrezca tratamiento médico a las víctimas».
Sería interesante saber qué opina el nuevo presidente de la república sobre este informe. O qué piensan las miles de víctimas de trata en el país.
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