Entrevista al Lic. Juan Huambachano, Gerente del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.
¿Cuál es el proceso para elaborar el Análisis Criminológico de Trata de Personas?
Desde una mirada con un enfoque criminológico, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público busca generar información estratégica a partir de seis interrogantes básicas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quiénes?, ¿cómo? y ¿por qué?; preguntas clave para comprender un determinado fenómeno delictivo desde una perspectiva criminológica, desagregando los diversos componentes del crimen: víctima, imputado, características de los hechos y respuesta del Estado. Esta metodología se basa en un proceso de recolección. procesamiento, análisis, difusión y monitoreo de la información, teniendo como insumo principal la carpeta fiscal.
Todas las denuncias que se registran a nivel nacional sobre el delito de trata de personas son ingresadas a los sistemas informáticos del Ministerio Público, siendo cada una de ellas nuestra unidad de análisis. Venimos trabajando con un Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas, denominado SISTRA, el que nos ha permitido conocer, por ejemplo, que en el año 2014 se registraron 501 denuncias por el delito de trata de personas, las cuales han sido sistematizadas a partir de la recolección de todas las carpetas fiscales, procesándolas para obtener información de variables que nos permitan comprender la dimensión, dinámica y características de este delito.
La finalidad es que esta información permita a los fiscales tomar decisiones acerca de dónde realizar operativos de prevención, cuándo hacerlos, en qué población focalizada y bajo qué estrategia. Es importante considerar en este proceso, que el dato per ser no ayuda a tomar decisiones, se requiere, en primera instancia, transformar el dato en información y la información en conocimiento.
De acuerdo a las cifras registradas del Ministerio Público sobre presuntas víctimas de trata de personas en el 2014, regiones como Puno, Ucayali y Lima Norte reportan cifras muy bajas. ¿A qué se debe esta situación, considerando que a través de los medios de comunicación se muestran como zonas de alta incidencia de este delito?
Un primer elemento que debemos tener claro es que lo reportado por el Ministerio Público, a través del Observatorio de Criminalidad, son denuncias registradas por el sistema de justicia; es decir, hay muchos hechos sobre trata de personas que no son denunciados y permanecen como una cifra oscura o cifra negra porque no alcanzan a ser registrados por el sistema. Esta problemática también se visualiza en otros delitos: no todo se denuncia.
El segundo elemento a tener en cuenta es que hay una relación interesante entre operativos de prevención, inteligencia policial, y el número de denuncias registradas. A mayor número de operativos de prevención en lugares como night clubs, prostíbulos, zonas mineras, etc., hay mayor probabilidad de que se generen denuncias. Por ejemplo, en los operativos de control de identidad realizados en los buses de transporte interprovincial, muchas veces se identifica a menores edad que viajan sin la documentación pertinente; en los operativos en empresas de transportes se encuentra la presencia de menores sin DNI, acompañados de una persona adulta, o en operativos en night clubs se encuentra a menores de edad. Entonces, dado que la trata de personas es un delito-proceso, hay posibilidad de que el incremento de denuncias esté relacionado, en parte también, con un mayor número de operativos de prevención.
El tercer elemento a considerar es el nivel de tasa poblacional. En el 2010, Ucayali estaba en el ranking 18 con una tasa de denuncias de 0.6% (03 denuncias), Lima Norte estaba en el ranking 23 y Puno en el ranking 8, con 1.8%. En ese sentido, se debe realizar una comparación sobre la base de la tasa poblacional, ya que no es lo mismo 10 denuncias de trata en una población de 20,000, que 10 denuncias en una población de 100,000. Siendo así, si bien el número de denuncias es reducido, a nivel de tasa estas regiones no se estiman en los niveles más bajos.
Un cuarto elemento está relacionado con la respuesta del sistema de justicia. El número de denuncias debe ser analizado y desagregado de la mejor manera; no podríamos aseverar que porque hay menos denuncias en Ucayali o Lima Norte la problemática sea menor. Las denuncias registradas no reflejan la real dimensión, porque existen otros indicadores a considerar para realizar este análisis: manejar conceptos claros para la tipificación de los delitos es importante. Entonces, si queremos darle un matiz y explicar por qué hay más o menos presuntos casos o denuncias, tendríamos que usar otros indicadores más allá de la frecuencia; se requiere, entonces, considerar la tasa por 100,000 habitantes, evaluar la cifra negra y el análisis de otros indicadores relevantes.
Si bien las cifras que proporciona el Observatorio de la Criminalidad nos ayudan a entender la magnitud del delito de la trata de personas, aún existe la necesidad de contar con datos que ayuden a entender su complejidad. ¿Se ha considerado integrar esta información al Análisis Criminológico?
En principio, en el Observatorio hemos considerado una línea de trata de personas. Desde el 2008, estamos trabajando esta temática con un enfoque de corte criminológico. Para que los fiscales tengan un mayor liderazgo en su investigación y una mayor efectividad en su intervención, se requiere de información estratégica. Un fiscal de prevención con pocos recursos tiene que optimizarlos para desarrollar operativos en zonas de mayor incidencia delictiva, realizando una mayor coordinación con la policía, de manera que ese operativo focalizado sea eficaz.
Sabemos que no es suficiente saber cuántos delitos de trata se registraron, donde se registraron y cuándo se registraron. Es necesario conocer el perfil de la víctima (edad, sexo, nacionalidad, relación con el imputado/a, lugar de nacimiento), perfil del imputado/a (edad, sexo, nacionalidad, etc.) y características de los hechos (lugar de captación, lugares de traslado, etc.), variables con mayor valor y con un enfoque de análisis delictual para construir evidencia, que permitan responder al ¿cómo? y al ¿quiénes? participan en la comisión de este delito. Es un problema-país y se necesita desarrollar evidencia empírica a través de investigaciones cada vez más rigurosas, no solamente para conocer ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? o ¿cómo?, sino también ¿por qué?.
Sabemos que se hacen operativos, que se intervienen y cierran locales, las instituciones involucradas llevan a cabo sus funciones pero, ¿esas acciones realmente están generando un efecto? Este es el tipo de información que necesitamos ir fortaleciendo, a través de investigaciones de corte criminológico que permitan construir sustento y evidencia que contribuyan a la política pública. Es decir, buscamos generar información estratégica suficiente que permita otorgar valor agregado a la toma de decisiones para generar resultados tangibles en el ámbito de persecución del delito, los cuales deben reflejarse en el aumento de sentencias condenatorias en las investigaciones de trata de personas. Para llegar a una sentencia condenatoria se necesita fortalecer la efectividad del sistema de justicia mediante la inversión en desarrollo de capacidades, tecnología, infraestructura, y otras acciones, y llegar a eso implica tener información que permita mejorar. Hacia ello se orienta el enfoque del Observatorio.
¿Qué hace falta para la integración de la data de los sistemas RETA – PNP y SISTRA MP, considerando que esta información es clave para generar estrategias contra la trata de personas?
Esto se enmarca dentro de una política de Estado como un tema de interoperabilidad. El Ministerio Público ha dado los primeros pasos firmando un convenio con el MININTER, específicamente sobre la interface entre el RETA y el SISTRA; incluso, los equipos de las áreas tecnológicas de ambos ministerios están realizando reuniones de coordinación para viabilizar esta integración. El objetivo es lograr que las denuncias que ingresan a las comisarías tengan el mismo circuito de ingreso que tiene la Fiscalía. En la actualidad, el Ministerio Público cuenta, en el distrito fiscal de Lima, con una fiscalía especializada en delitos de trata de personas, que concentra toda la información de Lima. Está en proyecto la implementación de otras fiscalías, sobre la misma temática, en otros distritos fiscales que tengan alta incidencia sobre este delito, como Loreto y Madre de Dios.
Inicialmente la interoperabilidad es entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, pero se espera que a partir de esta experiencia se aúne también el Poder Judicial y el INPE, con el fin de integrar un solo circuito. La interoperabilidad permitirá a los operadores de justicia contar con información oportuna para la toma de decisiones.
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