La trata de personas o también señalada como la esclavitud del siglo XXI, sigue siendo un delito desconocido para gran parte de nuestra población, sin embargo existen muchos involucrados, en el sector público, privado y sociedad civil, que trabajan con la fuerza que este flagelo social, requiere para ser combatido.
Identificar a la trata de personas como un delito dependerá, en parte, de quienes tienen mayor oportunidad de informar a la población, es así que los medios de comunicación se convierten en aliados principales en esta lucha. Durante el año 2015 identificamos una cobertura de más de 700 notas de prensa, abordándola desde distintos ángulos; en el mismo periodo de tiempo, durante el 2016, hemos contabilizado más de 1300 notas. Podemos deducir que esta problemática empieza a ser reconocida y tornarse un tema importante para los periodistas y editores que eligen, entre muchos temas prioritarios, difundir alguno relacionado a una de las más extremas expresiones de violencia contra una persona.
Otro de los puntos fuertes en el trabajo contra la trata de personas, tal vez menos visible que la desarrollada por los medios de comunicación, pero que genera una lucha frontal contra este delito, se ubica en la labor emprendida por la sociedad civil. Son muchas y diversas las organizaciones que apuntan sus esfuerzos a trabajar para el fortalecimiento de la prevención, persecución del delito, protección y atención a las y los sobrevivientes, buscando que se incremente el compromiso político y éste se refleje en mayores recursos y mejores capacidades para enfrentar este delito que afecta a miles de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.
Desde CHS Alternativo, como auditores sociales de la gestión pública y en coordinación con otras instituciones de la sociedad civil, elaboramos cada año el Informe Alternativo: balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú, que consolida un análisis desde la visión de los actores sociales sobre el cumplimiento de las responsabilidades de las instituciones públicas contra este delito. Para la elaboración de este Cuarto Informe Alternativo, se solicitó información de más de 140 instituciones del Estado entre gobiernos locales, regionales y gobierno central involucrados, y se ha validado la información recibida de más de 50 organizaciones de la sociedad civil de Lima, Puno, Cusco, Madre de Dios y Loreto.
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