N° 200: Asignación de presupuesto específico y el diseño de estrategias son clave en la elaboración del PNAT 2017-2021


El Ministerio del Interior estima que para febrero del 2017 la Comisión Multisectorial podrá comenzar con el proceso de validación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2017-2021. Una vez validado, el PNAT 2017-2021 deberá ser derivado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser aprobado. Este proceso, según el propio Ministerio del Interior, debería haber comenzado un año antes de su publicación.

Desde CHS Alternativo proponemos una ampliación del plazo de vigencia del actual PNAT 2011-2016, para que el Estado siga contando con un plan que, a pesar de sus limitaciones, defina objetivos y metas para el Estado. Esta ampliación es posible dado que el PNAT 2011-2016 fue aprobado por Decreto Supremo del sector Interior, y no debería superar el segundo semestre del año. De ese modo se podría elaborar apropiadamente el nuevo PNAT.

Ahora bien, la elaboración del Nuevo PNAT 2017-2021, debiera ser el resultado de una evaluación de la experiencia con el actual PNAT, y en ese sentido CHS Alternativo viene aportando con sus evaluaciones periódicas sobre su ejecución. En este tiempo, por ejemplo, se ha dado cuenta de la evolución cíclica de su presupuesto, pasando de un aumento paulatino de los recursos asignados, al decrecimiento de los últimos años. Así, durante el 2015, el PNAT contó con un presupuesto de más de 14 millones de soles (el presupuesto más alto durante su vigencia); sin embargo, el 2016, de acuerdo al IV Informe Alternativo, se redujo a 6 millones 485 mil soles.

Respecto a la elaboración del nuevo PNAT, es importante brindarle un nuevo enfoque al eje de prevención. Este eje, según el IV Informe Alternativo, fue el que  mayor gasto reportó por parte del Estado y que mayores esfuerzos concentró; sin embargo, es imposible medir el impacto de estas acciones porque no se presentaron indicadores claros.

Pese a esto, el Estado reportó una acción concentrada cada vez más en la difusión de información y en el desarrollo de capacidades, lo que desde CHS Alternativo consideramos es necesario cambiar. Por ello venimos planteando, como parte de nuestra participación en la Mesa Multisectorial de Trata, la importancia de afianzar la acción del estado en dos aspectos: 1) promover una mayor preocupación en los factores estructurales que hacen sostenible a este delito; y, 2) realizar esfuerzos articulados, especialmente en zonas de riesgo, para desarrollar entornos protectores para las personas en riesgo.

Además, si bien es necesario darle fuerza al eje de prevención dentro del PNAT 2017-2021, el enfoque de la lucha contra la trata de personas debe enfocarse cada vez más énfasis en la fase de atención y reintegración de las víctimas. Y es en estos puntos en los que el Perú muestra sus mayores deficiencias según el IV Informe Alternativo.

Dentro de los cuatro ejes de acción aprobados por el estado en el PNAT 2011-2016, el eje de atención a la víctima presenta las mayores deficiencias debido a que existen pocos albergues especializados para la atención de las niñas, niños y adolescentes y ninguna para personas adultas, y ningún plan aprobado para darle a la víctima la oportunidad de una reintegración plena a la sociedad y de recuperar su proyecto de vida.

Sin importar cuan titánica parezca esta tarea por parte del Estado, todos los sectores deben comprometerse de manera articulada a lograr resultados efectivos en esta materia, de lo contrario, estaremos condenando a las más de dos mil víctimas anuales que identifica el Estado a repetir los círculos de la explotación.

Finamente, la persecución del delito no puede ser obviada. Pese al desarrollo de una institucionalidad más específica, que incluye la creación de dependencias policiales, fiscalías y juzgados especializados, nos podemos olvidar que la impunidad sigue siendo muy elevada y es necesario un shock de medidas para cambiar estos aspectos que son vitales. Eso incluye un enfoque en la investigación más proactivo y no reactivo; acuerdos y consensos fiscales y judiciales sobre la aplicación de los delitos; y, especialmente, la superación de un conjunto de estereotipos y prácticas que alejan a la víctima de la justicia.
Fuente:
  • IV Informe Alternativo 2015-2016. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo. Noviembre, 2016

 

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