Jenifer Flores, coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial (CALP).
El 31 de agosto del presente año, continuaron las diligencias en el juicio contra presuntos tratantes de K.T.A., adolecsente que fue víctima de trata de personas y cuyo cuerpo fue hallado en el año 2014 en La Pampa, Madre de Dios. Ese mismo año, el padre de la víctima inició un proceso contra los presuntos tratantes, miembros de su familia extensa, que culminó con un adelanto de sentencia por 25 años a la principal responsable, pero la absolución de otro.
(Fuente: El Comercio)
Para este Reporte Alternativo, entrevistamos a Jenifer Flores Seña, coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo y miembro del equipo que estuvo involucrado en el seguimiento de este caso.
¿Cómo ha sido el proceso que ha enfrentado la familia de K.T.A. en su búsqueda de justicia?
Lo primero que debe tomarse en cuenta es que la Familia Tupia es originaria de Ayacucho y que el proceso penal se inició en Mazuko, Madre de Dios. Eso genera una primera barrera para ellos, que es la distancia. Según hemos podido conocer, participar en el proceso judicial les ha generado gastos económicos que, el padre de K.T.A., han dejado a la familia sin recursos económicos, y por eso ha tenido que acudir a distintas instancias del Estado y la sociedad civil para solicitar apoyo. Adicionalmente, otro problema ha sido el escaso conocimiento sobre la situación en la que se encontraba su hija, por eso es que inicialmente denunció su desaparición. Eso pudo fácilmente resolverse si las autoridades que recibieron su denuncia hubieran detectado el caso como trata de personas, pero al parecer no fue así. La información que tenemos de ese tránsito es limitada, y no hemos querido indagar porque podríamos generar una situación de revictimización. Lo importante es que las autoridades competentes lo tengan claro.
Otros momentos difíciles para la familia han sido reconocer el cuerpo de K.T.A., acompañar en el proceso de investigación, viajando hasta en cinco (5) oportunidades a Madre de Dios, sentar denuncias en Iquitos y también en Madre de Dios, entre otras situaciones que seguramente los han afectado emocionalmente.
¿Y el tiempo transcurrido ha influido en la percepción de justicia de la familia?
Evidentemente. Desde el año 2014, en que se sentó la primera denuncia por desaparición de su hija, han pasado tres años en los que la familia ha tenido que enfrentarse a procesos complejos que, desde su posición, obviamente, es excesivo. Por supuesto, para quienes litigan casos penales complejos saben que es un plazo al menos razonable. Sin embargo, un tema es la duración del proceso penal, y otra es la percepción de la víctima. Por eso es que desde CHS Alternativo intentamos que las víctimas y sus familias cuenten con adecuada información sobre las implicancias del proceso judicial. En este caso CHS Alternativo toma conocimiento del caso cuando éste en su etapa final.
¿Cómo ha afectado este proceso a la familia de la víctima? ¿Qué esfuerzos adicionales ha implicado para ellos obtener esta sentencia?
Aparte de las implicancias mencionadas, sin lugar a dudas un momento complicado ha sido la decisión del juez, comunicada a través de un adelanto de sentencia. Según esta decisión, se ha sentenciado a una de las personas a 25 años de cárcel, a otra se le ha exculpado, y la tercera se ha suspendido la lectura de sentencia porque se encontraba ausente. Esta decisión no ha satisfecho a la familia, y se está a la espera de la decisión fiscal cuando se formalice la sentencia. Asimismo la decisión judicial ha reducido la reparación civil a S/ 50,000 soles, que a nuestro juicio resulta insuficiente para la reparación del daño y por tratarse de un caso de trata de personas agravada.
¿Hubo algún tipo de acompañamiento a la familia de la víctima y cómo es en la actualidad?
Como indiqué, el caso fue derivado al Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo en su etapa final. Desde que intervenimos, el equipo a cargo se ha preocupado por verificar la intervención de los actores principales del proceso judicial, especialmente de la defensa de víctimas. Asimismo, se ha coordinado con el personal de UDAVIT (Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público) para que en función del protocolo del Ministerio Público brinde atención y protección a la familia de la víctima. Nosotros también hemos apoyado en cubrir las necesidades elementales de la familia y otras organizaciones también han brindado albergue.
En este caso se puede ver la importancia de la relación entre la desaparición de personas y la trata de personas. Una de las herramientas que podría usarse es la geo-localización para ubicar a la víctima ¿Cree que esta hubiese facilitado en algo encontrar a la víctima?
Definitivamente. La geo-localización debiera ser una herramienta de uso extendido para los casos de desaparición, trata de personas y otras situaciones donde el común denominador es la dificultad de ubicar a la persona desaparecida. De haber contado con esta herramienta, el trabajo de la Policía hubiera sido accionar inmediatamente la búsqueda, una vez presentada la denuncia por desaparición. En el caso de K.T.A., que se tenía en uso un celular pudo ser de utilidad. No podemos señalar que se hubiera evitado su fallecimiento, pero si es posible sostener que hubiera sido más fácil saber su ubicación, sin depender de que ella lo comunicara.
Las primeras horas son clave para dar con la ubicación de la persona. Por eso es importante que a la vez que se implementa a nivel nacional la geo-localización, también se realicen campañas o acciones de sensibilización sobre la importancia de denunciar a tiempo.
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