En los últimos meses ha habido una alta rotación de funcionarios públicos desde diversas entidades del Estado, cambiando a personal ya capacitado para ejercer correctamente sus funciones.
¿Afecta a la institucionalidad de cada dirección o división de estas instituciones que exista una alta rotación entre los funcionarios? ¿Qué está pasando?
Mi opinión es que sí, creo que uno de los aspectos que hay que atender más es la especialización del funcionario público, ya sea policía, fiscal, juez o funcionario en alguna municipalidad, etc. Creo que aquellas personas que optan por una especialización deben sostenerse y mantenerse en ese ámbito, tal como ocurre en las ciencias médicas.
Este proceso de especialización se inició, por cierto, en el año 2016 con algunos cambios en normas, pero para que esto se concrete tiene que ocurrir muchísimas cosas en simultáneo: tiene que haber políticas de personal adecuadas, un proceso de formación y capacitación adecuado, normas y leyes que no solo propongan la especialización sino que la promuevan y la apoyen. Y esto toma tiempo.
Es necesario distinguir la práctica cotidiana que se da cuando existen cambios de gobierno, donde hay rotaciones del personal de confianza, de aquellas rotaciones que se dan sin medir la capacidad técnica que está en juego. En la estructura del Estado hay personal de confianza que suele cambiar con gobiernos y autoridades, y eso es hasta cierto punto aceptable. No es que yo lo considere necesario, pero sí es aceptable.
Lo que sí considero un problema es que estos cambios partan de favores políticos, venganzas emocionales o cualquier otro tipo de factor que no responda a una evaluación técnica y que, por ende, no tome en cuenta a cuántas personas está afectando esta rotación directamente.
¿Esta alta rotación disminuye la capacidad del Estado para ejecutar correctamente sus funciones?
Yo creo que en algunos casos sí y en otros no.
Me parece que la alta rotación, per se, sí disminuye la capacidad del Estado para ejecutar funciones. Por ejemplo, si hoy una policía se especializa en tránsito y pasado mañana se le envía a hacer investigación de robos y después de dos años a vigilar una frontera, se impide que esa persona tenga una especialidad y esté en la capacidad de poner lo mejor de sí para el Estado y, en especial, para la ciudadanía.
Para poner otro ejemplo, no tendría mayor sentido que un funcionario público que se especializa en infancia sea enviado a un albergue de adultos, pues ya se concentró en todos los problemas relacionados a los factores psicológicos de un menor de edad, en el trato con las familias y otros elementos que complejizan la problemática.
Sin embargo la rotación planificada y coherente a estudios en un área de especialización sí es positiva, porque permite que dentro de esa misma área la persona adquiera diversas habilidades y conocimientos que lo favorezcan en esa especialidad.
¿Cómo se ven afectadas las víctimas de trata de personas y ESNNA a partir de esta desinstitucionalidad?
En la medida en que un albergue o una unidad especializada de lucha contra la trata de personas se desestructuran, o en que el Estado invierte en la formación profesional de un jefe o de un grupo de personas para investigar la trata de personas, o en la formación y capacitación de funcionarios públicos que se concentran trabajar con víctimas y estos son transferidos, lo primero que va a ocurrir es un terremoto a nivel de las afectividad de estas personas, puesto que les estamos cambiando de referentes y de profesionales que saben lidiar con los problemas.
Este tipo de situaciones afectan definitivamente la continuidad de un trabajo integral a favor de las víctimas si no se han realizado evaluaciones técnicas o si no se adopta un proceso de intercambio y transferencia coherente, adecuando y de respeto a las víctimas que, de por sí, atraviesan por situaciones muy complejas y difíciles.
¿Cómo pueden hacer los nuevos funcionarios para adaptarse rápidamente a sus funciones sin desproteger a las víctimas de trata de personas?
Depende de las capacidades y habilidades que estos nuevos funcionarios traigan, de cuánto se haya trabajado y cómo se haya realizado la transferencia de conocimientos. Si se han reunido para transferir una a una las historias de las personas que se encuentra, por ejemplo, en un albergue.
No necesariamente puedo afirmar que todo proceso de transferencia es negativo: depende del tipo de persona, de profesional y de gente que está reemplazando a otro profesional.
Insisto en que debe ser bajo condiciones muy bien planificadas, de mucho respeto y tolerancia por las normas, pero sobre todo por las personas a las cuales se deben, tanto del funcionario que se va como del que se queda, teniendo en claro que se deben a las víctimas de trata de personas, a sus familias y a su entorno, que es lo principal en este proceso.
Últimamente, en diversos medios de comunicación, las noticias por feminicidios, abuso sexual y otras, se hacen cada vez más comunes resaltando, sobretodo, las acciones insuficientes desde los funcionarios púbicos, en especial desde quienes tienen la labor de dar asistencia y protección a las víctimas. Del mismo modo, sabemos y hemos publicado editoriales sobre diversas malas prácticas que se ejecutan desde el Estado en la asistencia y protección a víctimas de trata de personas.
¿Cuánto repercute que tengamos un Estado con funcionarios nuevos en periodos cortos? ¿Repercute realmente o hay otros factores que permiten que las víctimas no sean atendidas como es debido?
Según mi balance, negativamente. Si a mí como víctima, cada seis meses me cambian las señas, los estilos, al profesional con el que empiezo a tener confianza, mi reacción -y la que tendría cualquier persona-, va a ser de resistencia, de suspicacia y eso no favorece ningún proceso de reinserción ni de introspección para poder trabajar sobre todo aquello que me ha sucedido. Y si, a su vez, estoy cambiando a personas que han tenido una especialización por gente que no la tiene, ya es un problema más serio.
Hay situaciones muy concretas que se han dado últimamente, sé de casos especiales de policías que han hecho un excelente trabajo contra la pornografía infantil y han tomado años en especializarse un tema que es muy complejo y que ahora, en lugar de estar protegiendo a la sociedad y a los niños y familias, se encuentran en actividades que no aportan ningún valor agregado, y esa especialización se pierde en una dirección de tránsito o de investigación de robo donde, si bien puede ser muy útil su presencia ahí, estamos perdiendo una inversión inmensa.
A mi modo de ver, lo mínimo que debe permanecer un especialista en su campo son dos o tres años, en la medida en que pueda rotar dentro de su propia especialidad, ya sea en otras localidades, con otros equipos, con una especialización mayor en procesos de investigación tecnológica, etc.
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