En el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el aumento de la violencia al interior de los hogares sigue siendo una de las más graves consecuencias del confinamiento.
Se informó en la prensa que, hasta finales de este mes y según reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en lo que va de la cuarentena se han registrado un total de 36 333 llamadas a la línea 100, la misma que recibe denuncias de violencia contra la mujer y otras personas en estado de vulnerabilidad en la familia. De ellas, 9693 llamadas involucran a menores de edad. Asimismo, la estadística del MIMP señala además que 643 niños, niñas o adolescentes, han pedido información y orientación con el fin de alertar de un hecho de violencia contra su mamá o contra ellos mismos.
En este sentido, también se dio a conocer que el Poder Judicial el uso de un aplicativo WhatsApp y un correo institucional para la recepción de las denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. De acuerdo a la noticia, los juzgados podrán recibir documentos, audios e imágenes mediante el WhatsApp de esta corte 97080-7304 y el correo juzgfamilialima@pj.gob.pe.
De otro lado, respecto a las personas desaparecidas, el gobierno dio a conocer que se activa la denominada “Alerta de Emergencia”, protocolo para casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres en situación de violencia. Esta alerta busca ser una herramienta fundamental para ubicar a la persona en el menor tiempo posible y reducir los riesgos de un eventual daño a su vida e integridad física. Ello es una respuesta a las denuncias por desaparición que, pese al confinamiento obligatorio, continúan.
Otra noticia de importancia está relacionada con la condición laboral de las trabajadoras del hogar. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo modificó Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, de modo que el contrato para la prestación de este tipo de servicio se establecerá por medio de un contrato escrito, y ya no verbal. Entre otros puntos, se establece que el empleador tendrá la obligación de proporcionar alimentación y/o alimento al trabajador o trabajadora y la remuneración -establecida por mutuo acuerdo- debe ser justa y equitativa conforme a los parámetros del marco legal vigente.
Como se ha escrito antes en este reporte alternativo, el confinamiento obligatorio habría permitido que la trata de personas haya disminuido. Ello se refleja además en las contadas noticias que se publican relacionadas a este delito. Una de ellas dio cuenta del caso de una adolescente de 15 años, quien fue explotada sexualmente en bares clandestinos de la provincia de Carabaya, en Puno. La menor fue encontrada por agentes de la Policía Nacional mientras deambulaba por las calles. La madre de la víctima contó que denunció su desaparición hace cuatro meses y sospecha una amiga de su hija fue el contacto con los tratantes.
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