La pandemia del coronavirus sigue extendiéndose en el Perú. Ello se refleja en la presencia predominante de su problemática en el contenido de los medios de comunicación.
Una de las herramientas contra esta enfermedad es el confinamiento obligatorio. Sin embargo, este conlleva otros riesgos. Desde Capital Humano y Social Alternativo ya habíamos mostrado nuestra preocupación por el peligro inminente en escenarios donde los agresores y sus víctimas -o potenciales víctimas- se mantienen confinados bajo el mismo techo. En ese sentido, diversas noticias han dado cuenta de las denuncias por agresiones psicológicas y sexuales en plena cuarentena. El Ministerio de la Mujer ha informado constantemente, a través de los medios, que la línea 100 está disponible para solicitar orientación y ayuda.
Al respecto, se conoció, a través de los medios, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profunda alarma por este tipo de denuncias y pidió a los estados de América Latina que tomen las medidas necesarias para hacer frente a esta realidad. Piden, por tanto, que incorporen el enfoque de género.
A propósito, esta semana se informó que el Gobierno dispuso que todos los casos de violencia contra la mujer deben ser considerados urgentes y atendidos con inmediatez, priorizando “los principios de debida diligencia, sencillez, oralidad y mínimo formalismo”.
De otro lado, otro grupo de víctimas que ha venido siendo visibilizado en la prensa, son los llamados “Caminantes”. Miles de peruanos que, debido a la crisis sanitaria y el cierre abrupto de fuentes de ingreso, se han visto forzados a volver, inclusive a pie, a sus lugares de origen. Esta es otra de las graves consecuencias de la pandemia.
Estos grupos de peruanos se vuelven todavía más vulnerables por las míseras condiciones en las que escapan de la ciudad. En este contexto, las niñas, niños y adolescentes son los más perjudicados.
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