Entrevista a Gino Costa, Congresista de la República.
Este 30 de julio se conmemora el día de la lucha contra la trata de personas, la situación de informalidad, la pobreza y el desempleo, ahora agudizados, colocan a hombres, mujeres y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿Cuál es el rol que debe jugar el Congreso en esta preocupante situación?
La crisis no hará más que agudizar la situación de precariedad de los grupos más expuestos al delito de trata de personas y sus formas de explotación, y es por eso que el Estado en su conjunto debe multiplicar los esfuerzos para combatirlo. El rol que juega el Congreso en la lucha contra este delito es fundamental y debería recaer, principalmente, en dos tipos de acciones: de seguimiento a la política pública de lucha contra la trata y de producción legislativa para combatirla.
¿En qué consisten estos dos tipos de acciones?
Con respecto al seguimiento de las acciones estatales destinadas a luchar contra la trata y sus formas de explotación, debe estar en la agenda de prioridades del Parlamento, para esta legislatura, convocar al primer ministro y a los ministros del Interior y de la Mujer para que expongan ante el Pleno del Congreso el informe anual sobre los avances del Plan Nacional Contra la Trata de Personas. Ya son dos años consecutivos en los que no se cumple con esta obligación y, en las circunstancias actuales, esta deviene en un imperativo ineludible. La Bancada Morada y mi Despacho se comprometen a asegurar la rendición de cuentas en esta materia por parte del Ejecutivo.
Con respecto a la producción legislativa, ¿Qué reformas considera serían necesarias para mejorar la lucha contra la trata de personas y para lograr un servicio de protección de las víctimas más eficiente?
CHS Alternativo ha elaborado cinco iniciativas legislativas importantes, tras un proceso de consulta con distintas organizaciones involucradas en la materia y, desde mi Despacho, estamos canalizando todas ellas. Ya presentamos dos de los proyectos de ley, los cuales cuentan con el respaldo institucional de distintas bancadas; los otros tres los presentaremos a la brevedad posible. A continuación paso a explicar en qué constisten y por qué es importante que se aprueben.
La primera iniciativa ya presentada propone la tipificación de un único delito de explotación humana, que uniformice la respuesta penal frente a las distintas formas de explotación: sexual, laboral y de tráfico de órganos. Junto con ello, propone la incorporación de un título en la Parte Especial del Código Penal, sobre los delitos contra la dignidad humana: trata de personas y explotación humana.
La segunda iniciativa legislativa presentada busca asegurar la reparación civil integral de las víctimas de trata a través de una modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal que establezca criterios que los jueces deban considerar obligatoriamente. Junto con ello, propone habilitar a los jueces para que puedan disponer que los bienes obtenidos producto de este delito decomisado u objeto de extinción de dominio se destinen al pago de la reparación civil de las víctimas.
De las otras tres iniciativas pendientes de presentación, dos están referidas al trabajo forzoso. Una propone declarar de interés nacional la asignación de recursos públicos que garanticen el cumplimiento del III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019–2022 y elevar a rango de ley el Decreto Supremo 015-2019-TR, que aprueba dicho plan nacional. La otra propone la creación del Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso, que se encargue de consolidar y sistematizar la información sobre trabajo forzoso para que permita el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia.
Finalmente, el último proyecto propone establecer filtros en internet para bloquear los contenidos de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
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