LORETO | CHS ALTERNATIVO PRESENTE EN LA SEGUNDA CUMBRE NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS


Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, presentó las investigaciones y herramientas de protección en la cumbre nacional indígena en Loreto.

Con la participación de más de 150 lideresas y líderes indígenas de diversas regiones del país, se realizó, en Loreto, la Segunda Cumbre Nacional de Pueblos Originarios, evento, organizado por la Defensoría del Pueblo, los días 8 y 9 de octubre, con el objetivo de fortalecer la protección y el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios en el Perú.

En el evento, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, presentó cuatro investigaciones sobre trabajo forzoso en comunidades nativas Awajún, Tikuna, Matsés, Kukama y Bora, y explicó como la tala, la minería ilegal, el narcotráfico y la explotación sexual están afectando a los pueblos originarios, y la gran brecha que existe entre la realidad de estas comunidades y la labor que se realiza desde el Estado para prevenir y atender la problemática.

«Hemos documentado cómo las situaciones de trabajo forzoso afectan los derechos de toda la población originaria. La población Tikuna nos ha explicado, por ejemplo, cómo no pueden actuar con libertad y la única actividad posible que tienen en la zona es participar en el raspado de coca para poder susbsistir. En una situación parecida está la población Awajún, que se ve obligada a participar en actividades de minería ilegal», explicó.

Valdés también se refirió a cómo los explotadores están usando la tecnología digital para captar a niñas, niños y adolescentes con el fin de explotarlos sexual y laboralmente. En ese sentido, manifestó la importancia de conocer las rutas de denuncia en las comunidades originarias y nativas para estar alertas ante posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, presentó la ruta de denuncia para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea en territorios amazónicos. Esta herramienta fue elaborada de manera colaborativa con autoridades locales, representantes indígenas, instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil, con el fin de mejorar la detección, atención y denuncia de casos de violencia sexual.

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