Ubaldo David Carrasco tiene el grado de Superior de la Policía Nacional del Perú. Actualmente es investigador en la Dirección de Trata de Personas y Tráfico de Ilícito de Migrantes de la misma institución. En esta entrevista comparte el trabajo que realiza, así como los desafíos que enfrentan sus colegas en la lucha contra la trata de personas, un crimen que cada día somete a las personas más vulnerables en el Perú.
En octubre, CHS alternativo, en alianza con el Ministerio del Interior, realizó el VII Congreso Nacional contra la Explotación Humana. ¿Qué aprendizajes y reflexiones le dejaron las exposiciones y dinámicas realizadas durante este encuentro?
Lo primero que puedo recoger de esta reunión es cómo la falta de presencia de los entes persecutores del delito y de una adecuada administración de justicia, sobre todo en las zonas más alejadas, ha dejado a los presuntos autores [de este crimen] con impunidad. Paralelamente a eso, no existen los medios tecnológicos que permitan interconectar estadísticas reales sobre la trata de personas, pues el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o la Policía Nacional tienen softwares diferentes para establecer información.
Asimismo, las diversas instituciones que estuvieron presentes en el encuentro dieron a conocer que muchas veces estamos trabajando distanciados; existe el soporte de una ley, pero muchas veces no existe el reglamento, o falta el presupuesto necesario para poder realizar una atención inmediata. A eso se agrega que con la migración ilegal o irregular hay muchas víctimas que no pueden acceder a una debida comunicación por el tema del idioma. Tampoco hay traductores o intérpretes que nos permitan conocer el testimonio real de la víctima rescatada.
Durante este encuentro se habló de la criminalidad organizada y la migración. ¿Cómo estos dos fenómenos impactan en el delito de trata de personas?
Uno de los grandes problemas que se tiene actualmente en el país es el tema del control migratorio. El migrante tiene todo el derecho de migrar en forma grupal o aislada; [si cruzara la frontera irregularmente] lo único que cometería es una infracción contra el orden migratorio, que es sancionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Pero hay terceros que se dedican a ser “asesores”, que pueden traer [a los migrantes] y hacerles el cruce desde Venezuela, Colombia, Ecuador e ingresarlos al país. Esos personajes –que pertenecen a un grupo de crimen organizado– muchas veces establecen sus reglas, sus cupos y sus formas coercitivas para imponer el tema de pagos semanales, quincenales y otras figuras que lamentablemente se dan para la trata de personas.
¿La digitalización, las redes sociales, también impactan en el delito?
Para estos casos tenemos el apoyo y el soporte de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). [Por ejemplo] bajo el sistema de un patrullaje virtual [se ha podido encontrar] empresas de fachada que traen a personas migrantes, en este caso, venezolanos. Ellos promocionan que van a tener todo el ingreso regular solamente pagando la suma de 500 dólares y que incluso pueden traer menores. Pero cuando llegan a Lima, les quitan los documentos, les cambian el chip a sus teléfonos y les crean unas deudas que a veces oscilan entre 15 mil a 20 mil soles. Y así estas personas se ven sometidas por la deuda.
¿Qué desafíos legales, institucionales o de procedimientos enfrenta la Policía Nacional en su labor para identificar y perseguir a los tratantes?
Lo que tenemos actualmente es un vacío respecto a la especialización que deben tener los persecutores del delito, como el personal de la Policía Nacional, el Ministerio Público y jueces. A esto se le suma la limitada información real que puede provenir del extranjero. No tenemos una fuente inmediata que nos permita determinar que una persona tiene un perfil criminal. Otra limitante es el idioma. Tenemos un problema de falta de traductores. No todas las víctimas son venezolanas [y hablan español], también tenemos haitianos, nepaleses, bangladesíes, hindúes, árabes y de otras nacionalidades que están ingresando y no salen en la estadística.
¿Qué es lo que se necesitaría para fortalecer el accionar de la Policía Nacional frente a estos retos?
Yo considero que es necesario establecer nuevas estrategias. Podría ser la instalación de mesas de trabajo entre las instituciones responsables de aportar información. Así como medios de enlace que permitan establecer una línea de acción en corto tiempo, conforme lo establece la Política Nacional frente la trata de personas al 2030.
¿Y respecto a la atención de las personas afectadas por el delito, se está considerando el enfoque centrado en la víctima para el adecuado abordaje de casos?
La Dirección de Trata de Personas y Tráfico de Ilícito de Migrantes establece charlas virtuales al personal que ya tiene la especialización, para que tengan en cuenta qué es lo que se busca, cuáles son los indicios, evidencias o elementos que van a permitir al fiscal realizar una acusación jurídica sostenible y lograr la sanción penal. En estos últimos tiempos, buscamos las fuentes virtuales para las charlas sobre Enfoque Centrado en la Víctima ya que muchas veces, por el tema de presupuesto, no podemos trasladarnos a diversas provincias donde lamentablemente hay un alto incremento de casos, tales como Madre de Dios, Puno y las zonas mineras. Ante eso, estamos impulsando que el personal que tiene conocimientos y experiencia pueda enseñar a los nuevos elementos de la Policía Nacional.
¿Desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, cómo podemos colaborar de manera más efectiva con el trabajo que realiza la Policía en la prevención de toda forma de explotación?
Denunciando. Tenemos la Línea 1818 del Ministerio Interior, que permite establecer un contacto y denuncia anónima. Ellos evalúan, transcriben y transmiten la denuncia directamente a la Dirección de Trata de Personas y Tráfico de Ilícito de Migrantes. O caso contrario, nosotros tenemos las puertas abiertas en la Av. España 323, segundo piso. Estamos atentos y con el compromiso de atender todas las denuncias. Nosotros actuaremos de la forma más profesional posible para lograr establecer los elementos que permitan una investigación y una sanción efectiva.
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