N°295: TRATA DE PERSONAS Y CRIMINALIDAD: SE NECESITAN ACCIONES URGENTES

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N°294: LOS DESAFÍOS EN MADRE DE DIOS

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N°293: LOS NUEVOS DESAFÍOS FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS

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Un documento de 81 páginas sobre cómo enfrentar el delito de la trata a nivel de todo un país debería ser la culminación de varios años de esfuerzo para visibilizar el delito. Nos referimos al Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-1016 (PNAT), una estrategia del nuevo gobierno que ha sido, en materia de derechos humanos, lo más resaltante y valorable de este año que finaliza.

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Este año fueron denunciados ocho personas en Sechura por explotación sexual: dos de ellas salieron libres del proceso judicial pese a que se demostró que en sus bares trabajaban niñas de 15 y 17 años.

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Red: «Tejido hecho con hilos o cuerdas trenzados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para cazar, cercar y sujetar».

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Esta es la segunda parte de una edición especial de Reporte Alternativo en la que se trascribe la extensa entrevista realizada al viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Luis Otárola Peñaranda.

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Coincidimos con el viceministro Otárola cuando afirma que el Plan Nacional de Acción Contra la Trata (PNAT) es un producto del consenso entre la sociedad civil y el Estado y, por supuesto, saludamos que el gobierno del presidente Ollanta Humala haya mostrado voluntad política para implementarlo.

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“En este momento, el reglamento de la policía nacional declara que la dirección contra la trata de personas es una dirección técnica, va a tener departamentos desconcentrados a nivel nacional”.

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El viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Luis Otárola Peñaranda, expone aquí las razones por las que el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas (PNAT) no contará con un presupuesto adicional por parte del Estado.

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Como mencionamos en nuestra nota de prensa del 19 de octubre, CHS Alternativo saluda la voluntad política del Ejecutivo por aprobar el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas (PNAT), un documento que fue reelaborado constantemente en los últimos seis años al interior del Grupo Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas.

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