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Explotacion humana


N°291: DESAPARICIONES EN PERÚ: UNA FORMA DE VIOLENCIA

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N°290: LA PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS, LA FICCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA

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N°288: URGE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

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El trabajo forzoso es un delito grave que vulnera la libertad de trabajo y los derechos humanos de miles de personas en el Perú y el mundo.

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CHS Alternativo, a través del proyecto Compromiso contra el Trabajo Forzoso, estableció una alianza con la Unidad de Investigación del diario La República, dirigida por Ángel Páez, con el fin de buscar información y generar evidencia de este delito.

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En el Perú, la población migrante es voluminosa. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones[3], hay 1 millón 347 mil 893 extranjeros viviendo en el país.

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Este año 2022, nuevas evidencias han demostrado la fragilidad social que existe frente a la explotación humana; la muestra de ello es la pasividad con que las personas enfrentamos nuestra propia situación y la de los demás.

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A lo largo del 2021 se registraron 535 denuncias por trata de personas en la Policía y 2,076 en el Ministerio Público, involucrando, por lo menos, a 2,611 víctimas. Como resultado, el número de personas investigadas ascendió a 1,844, pero solo 72 personas terminaron con sentencia condenatoria, dejando ver un altísimo grado de impunidad.

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Trabajar es un derecho y es vital para la independencia económica y emocional de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de las niñas y niños la situación cambia, pues, aunque hay actividades que pueden ser positivas para el desarrollo humano, también hay otras que son peligrosas y pueden resultar muy perjudiciales para el desarrollo y futuro de la niñez.

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En el Perú, la normalización de trabajos en condiciones deplorables y abusivas es más frecuente de lo que pensamos. La historia de Juan es un ejemplo de ello. Fue captado a los 17 años para trabajar en un taller de costura de Gamarra, pero laboraba sin descanso, con jornadas de más de 10 horas diarias, cobrando solo 150 soles mensuales y sin ningún beneficio ni alimentación.

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Matilde Cobeña es adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Abogada, con estudios en Maestría en Derecho Constitucional y pos título en Derechos Fundamentales. Desde 1998 se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde el 2007 ha sido comisionada de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales y, posteriormente, de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

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Cada día, 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual en el Perú. Casos como el de la pequeña Damaris, de 3 años, víctima de secuestro y violación sexual en Chiclayo, han indignado a todo el país. Historias como la de ‘Daysi’, de 13 años, víctima de trata de personas, rescatada y luego retornada con su familia, sin el seguimiento de las autoridades que debieron protegerla y cuyo cuerpo apareció sin vida con signos de violencia sexual, debe instarnos a repensar en los servicios que atienden a las sobrevivientes. Estos son solo dos casos conocidos de los cientos que quedan en la oscuridad.

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El COVID-19 impuso al mundo grandes desafíos. Ante el riesgo sanitario, las medidas implementadas concentraron los esfuerzos de contención de esta enfermedad en cuarentenas estrictas, distanciamiento social y, a nivel presupuestal, el redireccionamiento de los recursos para atender la urgencia de la vacunación. Todos grandes esfuerzos con orientación a frenar el avance del virus.

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