La inseguridad ciudadana se ha convertido en la última década en el principal factor de riesgo en el país. En los años 80 el Centro de Lima, era un lugar donde el peligro lo representaban mediáticamente niños y niñas que vivían en las calles. Hoy en día, la criminalidad jaquea la seguridad de los vecinos y transeúntes de toda la Capital.
En toda la región Lima, delitos subterráneos y complejos como la trata de personas, han ganado terreno y convertido a ciertas zonas de la capital en tierra de nadie. Locales nocturnos, bares, saunas, departamentos, oficinas y establecimientos de diverso tipo han sido acondicionados para ello u operan bajo diversas fachadas. La escasa fiscalización y control de establecimientos, así como acciones de amparo han contribuido a esta situación.
La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) señala que representan al vecino, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. En un marco de cooperación y coordinación con los otros dos niveles de gobierno. Constituyéndose en un espacio inmediato de participación vecinal, que además promueve.
En ese contexto, el rol de los gobiernos locales es central. Es en dicho ámbito donde el ciudadano, el vecino percibe o no la bondad de las políticas públicas.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley 27933) define a ésta como la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacifica, la erradicación de la violencia y la utilización pacifica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuye a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.
La gestión de las políticas públicas es por lo menos en la trata de personas, un tema pendiente en las agendas de los gobiernos locales. A diferencia del nivel nacional, lo local requiere un conocimiento minucioso y preciso de la lógica con la que se mueve y asienta el delito en su jurisdicción. La dinámica de la trata de personas, le permite pasar de un distrito a otro rápidamente. Si el Gobierno Local carece de capacidad inmediata de respuesta, probablemente lo haga cuando tenga calles y establecimientos tomados por el delito.
Algunas medidas pueden ayudar a atender este problema. Establecer requisitos previos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, sin caer en la violación de la libertad de empresa, puede ser útil. Las agencias de empleo, debieran acreditar su inscripción previa en el Registro Nacional. La fiscalización del cumplimiento del giro del negocio es imprescindible. Mercados, tiendas y otros comercios publican ofertas de trabajo, a pesar de que no constituye la actividad para la cual fue autorizado su funcionamiento.
Fiscalizaciones permanentes en coordinación con diversos organismos públicos, como los sectores trabajo y turismo e incluso la propia SUNAT, pueden ayudar a identificar o verificar violaciones a derechos humanos, evasiones tributarias derivadas de actividades de fachada o la imposición de sanciones administrativas para el ejercicio de determinada actividad económica.
El desarrollo de la capacidad para identificar potenciales focos de delito en servidores públicos de seguridad ciudadana, fiscalización, licencias u otros, es imprescindible.
La información y educación de los vecinos para repensar su barrio, dejar la indiferencia y el miedo de enfrentar el delito, son necesarias. Pero también se requiere generar mecanismos para la denuncia anónima y confianza de los vecinos en la autoridad. En esto último dos son los elementos claves, uno la imagen del personal municipal, probo y con capacidad de respuesta, el segundo la no impunidad ante caso denunciados.
La prevención es la piedra angular de la lucha contra la trata de personas. Los factores de riesgo son aprovechados sagazmente por las organizaciones criminales. El Ministerio de Educación normó la semana nacional contra la trata de personas y cuenta con diversos espacios de participación para la promoción de derechos en las escuelas, como los alcaldes escolares. Sin embargo estos espacios han sido abandonados a la iniciativa de docentes y directores sensibles a esta materia.
El modelo de participación de los alcaldes escolares es interesante y debe ser apoyado por los Gobiernos Locales, quienes a través de sus Defensorías Municipales y COMUDENAS pueden promover la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes que viven o estudian en sus distritos.
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