Han pasado cinco años, desde que en el 2007 se aprobara la Ley 28950 – Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes – y los avances obtenidos en el tercer balance de la implementación de esta ley que se ha realizado para el periodo mayo 2010 a mayo 2012, a través de la veeduría Mirada Ciudadana, nos arroja resultados realmente desaprobatorios.
Este interés de la organización desde el año 2008, busca dar a conocer los principales avances en el desarrollo de las políticas públicas contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, a través de un recuento de las acciones del Estado relacionadas a la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas. Esto a partir de la información proporcionada por las propias instituciones públicas referidas en la Ley 28950 y su Reglamento.
Es decir, un balance que muestre a la sociedad peruana los aciertos en la gestión de las políticas públicas, pero también la agenda presente y futura de un delito que se extiende.
Entre las principales conclusiones a las cuales se arribaron en el balance de este periodo tenemos:
– Se mantiene la tendencia en el mayor cumplimiento de actividades por parte del Gobierno Central, seguido del regional y en menor medida el nivel local.
– Existe un gran desconocimiento del delito por parte de los funcionarios públicos, a pesar de las labores constantes de capacitación y sensibilización.
– El Sistema RETA no funciona desde febrero de 2012.
– Gobiernos locales y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son las entidades con menor nivel de cumplimiento de la ley.
– El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado menos actividades a nivel de protección y asistencia que en años anteriores.
La publicación de este balance es un aporte de evaluación cualitativa a las políticas públicas, que busca dar respuesta a las miles de víctimas que viven en este momento privadas de la libertad y en situación de explotación.
Esta evaluación ayuda a poner en agenda la necesidad de fortalecer la gerencia de las políticas públicas, incorporar un sistema de incentivos y méritos para reconocer la labor de los miles de trabajadores públicos comprometidos en la protección de los derechos humanos, en un contexto de interés del Poder Ejecutivo por hacer una reforma del Estado, por lo menos en el régimen laboral de su personal.
El balance de la implementación de la ley 28950 surge como una iniciativa de la sociedad civil que aspira a convertirse en un mecanismo permanente de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado, así como de participación de la sociedad en su conjunto.
Los esperamos en la presentación del Tercer Balance de la implementación de la ley 28950 y su Reglamento, este 12 de diciembre a las 11:00 horas en el CCPUCP.
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