Desde el mes de setiembre del año pasado, los peruanos, representados por más de cien instituciones públicas y privadas, vigilantes de la gestión pública en materia lucha contra la Trata de Personas, esperan que el premier Pedro Cateriano y el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, rindan cuentas ante el Congreso de la República según manda la Ley N°29918, Ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas.
Los más de 150 días de silencio del premier Cateriano, sobre el trabajo del Estado contra la Trata de Personas en el Perú representan, en cifras crudas sobre este delito, a más de 500 víctimas de trata de personas que son violentadas sexualmente por lo menos 5 veces al día; como Sociedad Civil, no podemos seguir esperando un día más de silencio por parte del Ejecutivo.
Algunos de los compromisos de la ex Premiere Ana Jara y el ex Ministro Daniel Urresti, sobre esta problemática desde diciembre del 2014, y que deben ser abordados por los funcionarios de turno, están relacionadas con la elaboración de acuerdos binacionales que permitirían acordar el uso de instrumentos internacionales para la protección de las víctimas así como medidas adecuadas para la prevención y persecución del este delito; la integración entre el Sistema Estratégico sobre Trata de Personas del Ministerio Público – SISTRA y el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y afines de la PNP – RETA, que a la fecha sigue sin avance; la declaración del Decreto Supremo que incorporaría a cinco nuevos miembros (ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Producción y, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC) ante el grupo de trabajo multisectorial permanente contra la Trata de Personas; la aprobación del Protocolo intersectorial para la atención a víctimas de Trata de Personas; reportar la situación de los proyectos de inversión pública para implementar albergues que brinden atención integral a víctimas de Trata de Personas en las regiones de Madre de Dios, Loreto y Ayacucho; por mencionar algunos puntos de los más relevantes.
Estamos viendo como el escenario político actual muestra una serie de retos importantes para consolidar un acuerdo político, es clave que la problemática de la Trata de Personas sea un asunto de interés prioritario en la agenda electoral de los candidatos a la presidencia, debe reflejarse en sus planes de gobierno.
Es turno del ejecutivo responder y demostrar el rol protagónico que tiene para fortalecer las estrategias e intervenciones en prevención, persecución, protección y monitoreo de los planes de trabajo frente a la Trata de Personas, considerando además que el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas – PNAT 2011 – 2016 tiene solo un año más de ejecución y aún no se tiene conocimiento sobre la elaboración del PNAT que debe regir los años 2017 al 2021, en este sentido consideramos que la reciente aprobación del Reglamento de la Ley N°28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes, es un paso más para la elaboración del PNAT que regirá los próximos cinco años en el país.
Fuentes:
- Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHSAlternativo, basado en testimonios de las víctimas registrado en «Del abandono social a la explotación sexual» Lima, 2010.
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