Doctora Gisella Vignolo Huamaní: Adjunta a la Defensora del Pueblo para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
Después de casi dos años se aprobó el reglamento de la Ley 28950, ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cuál es el siguiente paso?
Ciertamente la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28950 ha sido un reclamo largo pero que finalmente fue atendido por el Estado y constituye un avance importante en la lucha por la erradicación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El siguiente paso es implementar las medidas contenidas en el Reglamento, a través de un trabajo coordinado en el que no se descuide ningún aspecto para atender de manera integral esta problemática, tanto en lo relativo a la prevención de estos casos como a la persecución de los delitos y la protección de las víctimas y sus familiares directos. Es necesario además que los diferentes órganos comprendidos en el Reglamento asuman con responsabilidad las tareas encomendadas por la norma, pues se trata de redes delictivas de compleja organización y vínculos de corrupción, por lo que es imprescindible que el Estado responda con claridad y firmeza desde todas las instancias correspondientes.
Desde su gestión, ¿qué acciones está realizando la Defensoría del Pueblo respecto a la problemática de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes?
En respuesta a la situación de los casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que cada vez son más recurrentes, la Defensoría del Pueblo, a través de las Adjuntía de Mujer, Niñez y Derechos Humanos, ha iniciado una línea de supervisión que se define en el seguimiento a la implementación de la política estatal para la erradicación de estos casos. El cumplimiento de la Ley Nº 28950 y de su Reglamento son parte de la labor de supervisión. Asimismo, se vienen elaborando instrumentos de gestión para la intervención defensorial en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como se han iniciado reuniones de trabajo con actores del Estado y la sociedad civil con experiencia en la atención de esta problemática.
¿Qué recomendaciones le haría al Estado para que cada sector cumpla con sus competencias de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 28950?
Si bien la norma encarga tareas puntuales a los Ministerios del Interior, de la Mujer y Desarrollo Social, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Justicia, de Salud, de Educación, de Comercio Exterior y Turismo, y de Relaciones Exteriores, éstos no son los únicos sectores involucrados. Las entidades del Ministerio Público y del Poder Judicial juegan un papel fundamental en la investigación y juzgamiento de los responsables de estos delitos, así como en el aseguramiento de la protección a las víctimas, testigos, colaboradores y peritos, cuya participación es indispensable para lograr la condena en los casos que corresponda.
El reglamento define una serie de medidas que deben ser implementadas por el Estado de manera oportuna y coordinada. Para ello, es preciso que exista una comunicación fluida entre los sectores involucrados para atender un caso concreto. Asimismo, es condición primordial para el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la norma que cada sector cuente con los servicios, instalaciones y personal que se requiere para cada intervención. Por ejemplo, en cuanto a la asistencia y protección de una víctima de trata, es necesario que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social asegure su alojamiento en un lugar seguro, durante el tiempo que demore la investigación judicial y su reubicación en una residencia sin peligro. Asimismo, el Ministerio de Salud debe estar en la capacidad de ofrecer a esta víctima los servicios de atención en salud física y mental para su recuperación, al mismo tiempo que el Ministerio de Justicia debe procurar la defensa legal a las víctimas.
¿Qué mensaje le daría a la población para que no sea víctima de las redes criminales de trata de personas?
Que se informen bien antes de acceder a cualquier oferta laboral, principalmente si implica un traslado de su lugar de residencia hacia otro donde no cuenten con familiares. En esta medida, deben realizar las indagaciones correspondientes hasta estar seguros de la seriedad de la empresa o persona que solicita sus servicios.
En el caso de aquellas personas que deciden emigrar en busca de mejores oportunidades de desarrollo, es preciso recordarles que entrar a cualquier país, sin la autorización correspondiente es un delito y contribuye al mantenimiento de redes clandestinas, criminales, de tráfico ilícito de migrantes. Dado el caso que ingresen al país de destino, se recomienda que se inscriban en los respectivos consultados peruanos, donde existe un registro especial. La inscripción es gratuita y permite a cada consulado tener los datos de los ciudadanos, lo que facilita el otorgamiento de pasaportes en caso de pérdida de los mismos, además de asistirlos legalmente en caso de necesitarlo, entre otros servicios.
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