Boletín N° 14: Entrevista al Sr. Carlos Basombrío, miembro del Consejo de la «Veeduría Ciudadana de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas»


Carlos Basambrío, nos brinda un amplio panorama de las responsabilidades del Estado con respecto a la problemática de la trata de persona. Además, señala la importancia del reciente auspicio de la Comisión Europea a la Veeduría ciudadana.

1.- Que es una Veeduría Ciudadana? y ¿Por qué  una Veeduría Ciudadana  de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas?

Es un mecanismo democrático de auditoría y vigilancia social de la gestión pública. Es una manera de contribuir a mejorar la prestación de los servicios y la implementación de las políticas públicas a partir del ejercicio del derecho ciudadano de conocer de estos asuntos y demandar al Estado que informe acerca del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades con la población.

En ese sentido, cuando nos enfrentamos a delitos tan graves como la trata de personas, tenemos que considerar que no solamente son violadores de derechos humanos las organizaciones criminales que cometen estos delitos,  sino que también el Estado puede llegar a violar estos derechos por omisión en el cumplimiento de sus funciones, por ejemplo en la protección de la víctimas.

En ese sentido, una Veeduría Ciudadana en la materia, adquiere mucho  sentido, más aún en un país donde cada día descubrimos que la trata de personas es un problema más extendido de lo que pensábamos antes.

2.- ¿Existen iniciativas similares en otros países de América Latina, qué motivaron la creación de una instancia similar en el Perú?

Hasta donde conozco existen iniciativas de Veeduría Ciudadana en algunos países de la región, pero es Colombia el país que han tenido un mayor desarrollo: Allá incluso existe un Fondo de Desarrollo Comunal y Participación de Gobiernos, que promueve la creación y financiamiento de Veedurías Ciudadanas.

Sin embargo en materia de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas la nuestra es una experiencia pionera y por ello el interés del Reino de los Países Bajos y de la Comisión Europea en apoyar iniciativas de esta naturaleza que bien pueden convertirse en buenas prácticas para la región.

3.-¿Qué rol debe jugar la ciudadanía en la fiscalización de políticas públicas en el Perú?

La experiencia muestra que en temas graves de violación de derechos humanos, la ciudadanía juega un rol fundamental, en este caso vigilando la acción pública. Por eso la Veeduría busca que el Estado se encuentre a la altura de las exigencias que plantea esta situación, de lo contrario pondremos en evidencia sus omisiones. Pero no solamente somos críticos y por eso también queremos ser propositivos y colaborar con el Estado proponiendo alternativas para hacer frente a este grave delito.

4.-¿Estamos cerca de cumplir con los objetivos planteados y, en qué sentido la Veeduría puede ayudar a su cumplimiento?

Considero que aún estamos lejos de lograr una acción eficaz y eficiente del Estado frente a las problemáticas que aborda la Veeduría, pero sin embargo recién tenemos unos meses de creación y ya hemos concretado el apoyo de la cooperación internacional, así como de la Defensoría del Pueblo, con la que  hemos suscrito un convenio e incluso con el propio Congreso de la República, que ha creado una Sub Comisión especial para hacer frente a este delito.

Aún nos falta trabajar mucho con los medios de comunicación para generar más sensibilidad con el tema y por eso en abril lanzaremos el segundo concurso periodístico sobre la trata de personas: Como se recuerda el primero fue un incentivo para que los medios de comunicación informen más y mejor sobre la materia.

5.-Según su opinión, ¿Qué instituciones públicas deberían mejorar su participación en la lucha contra estas problemáticas?

La promulgación del Reglamento de la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, plantea una serie de desafíos y retos para prácticamente todo el Sectores público y en así como debe ser.

Sin embargo, esperamos que no pase lo mismo que con otros asuntos, en donde la legislación es muy buena, pero nunca se llega a implementar.

El mayor defecto del sector público en esta materia, es precisamente la ausencia de una adecuada gestión, articulación e incluso de liderazgo para tomar la sartén por el mango. Un ejemplo de ello, es la negativa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a asumir la responsabilidad de brindar alojamiento a las víctimas y restringirse solamente a la labor de coordinación en esta materia.

Es una pena, pero en la práctica las víctimas se encuentran libradas a su suerte y al parecer el Estado no ha entendido la magnitud del problema que enfrenta y de cómo debe protegerse prioritariamente a las víctimas y testigos de estos delitos. Corremos el riesgo que una de ellas termine siendo asesinada por falta de protección.

Si eso llegara a suceder, seguro que se conformará una comisión investigadora en el Congreso o será primera plana en la prensa, pero el mayor daño, además de la vida de la víctima, será el mensaje de desprotección total, que quedará a quienes aún son víctimas y pretenden escapar o denunciar estos hechos.

Me preocupa que el Estado no logre entender que estamos enfrentado una situación que de dejarse tal cual está, nos puede llevar a convertirnos en un paraíso de la trata de personas. Al respecto dos ejemplos más terminan de graficar la ausencia de acción del Estado, uno es la zona de Huepetuhe en Madre de Dios y otro La Rinconada en Puno, en ambos lugares hay por lo menos 200 adolescentes explotadas sexualmente en este preciso momento y no se hace absolutamente nada, entonces uno se pregunta ¿hasta dónde puede llegar la insensibilidad de las autoridades con estas víctimas?

Algo que habría que evaluar en este caso, es iniciar alguna acción internacional para exigir al Estado que actúe.

6.-¿Qué rol específico juega el Consejo de la Veeduría Ciudadana de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas?

El Consejo es en la práctica un órgano de consulta integrado por personas que hemos trabajado o trabajamos en el ámbito de los derechos humanos entendidos de manera amplia.

Nuestro rol, es rol es dar orientación estratégica y promover que se convierte en el gran referente en esta materias.

Algunos nos desempeñamos en el campo del periodismo, otros en el campo académico y además integran el Consejo dos centros universitarios como la Universidad Católica y la Universidad Cayetano Heredia.

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