En los últimos días hemos sido testigos de la confrontación directa que se está dando entre los mineros informales de Madre de Dios- y otros grupos afines en el territorio nacional- y el gobierno que busca formalizar esta actividad ilegal que mueve, sólo por concepto de extracción de materia prima, unos mil millones de dólares anuales, según estimaciones de Miguel Santillana, especialista en temas de minería informal, pequeña minería y minería ilegal.
Esto representa entre el 10% y el 20% de la producción total aurífera del Perú y concentra a más de 300’000 mineros en todo el país.Esta actividad ilegal ha venido cobrando una importancia creciente en la región de Madre de Dios afectando diversos aspectos que han sido señalados en los principales medios de comunicación: evasión tributaria, destrucción irracional del medio ambiente y una clara violación de los derechos laborales de los mineros informales.
Más allá de ello, la actividad minera ilegal en Madre de Dios ha sido ya vinculada a la Trata de Personas en numerables ocasiones. Recientemente la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEI-PUCP) publicaron el estudio «La Trata de Personas con fines de explotación laboral: El caso de la minería aurífera y la tala ilegal de madera en Madre de Dios» en el que se da cuenta fehaciente de la existencia de este delito en la zona.
Asimismo MIRADA CIUDADANA ha recabado información que prueba las condiciones de explotación de las víctimas y las incidencias sociales y medioambientales de esta actividad ilícita.
Esta gravísima situación ya es de conocimiento público y por ello no extraña que el propio presidente de la República se haya referido a las condiciones laborales infrahumanas a las que están sometidas las víctimas de Trata en Madre de Dios. El lunes 05 de abril, primer día de las protestas de los mineros ilegales contra las leyes 1010 y 1040 y el decreto de urgencia 012-2010, que crea una zona de exclusión minera en Madre de Dios, el jefe de Estado expresó las siguientes palabras «Esto [es]…servidumbre social y acarrea prostitución, trata de personas y hasta la esclavización de los niños».
Efectivamente, la minería ilegal no solamente propicia uno de los fines de la trata de personas como la explotación laboral, sino también la explotación sexual, como señalan claramente las investigaciones de terreno realizadas por MIRADA CIUDADANA en Huepetuhe, zona minera informal en la que se han detectado alrededor de 250 menores de edad que se dedicarían al comercio sexual.
La captación de las víctimas, como hemos señalado en anteriores oportunidades, se da principalmente a través de falsas ofertas de empleo, por medio de las cuales se ofrecen remuneraciones atractivas y condiciones laborales que posteriormente son incumplidas. Para entender más en detalle cómo está vinculada la Trata de Personas con esta actividad económica ilícita, REPORTE ALTERNATIVO invita a sus lectores a descubrir la ilustrativa infografía que acompaña la presente edición.
Finalmente cabe mencionar que la formalización del sector minero ilegal es una oportunidad para luchar de manera efectiva contra la Trata de Personas, estableciendo espacios donde se aplique la ley y el Estado tenga una presencia que permita evitar este tipo de ilícitos que está vinculado, en muchos casos, a otros delitos que prosperan aprovechando la ausencia del Estado.
En ese contexto, MIRADA CIUDADANA invita a nuestros lectores a leer la entrevista de esta edición al Director Regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Edgard Cáceres Gallegos, que pone en evidencia la existencia de casos de trata de personas asociados al contexto, y a la propia actividad minera ilegal.
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