Las tres últimas semanas han sido especialmente importantes para poner en la agenda pública este delito.
Algunas noticias han sido positivas, como el anuncio de un proceso de lavado de activos concluido y otro en camino con las correspondientes incautaciones, se ha lanzado una campaña diseñada por CHS Alternativo para el control del traslado de menores de edad y se ha lanzado, a propuesta de la Defensoría del Pueblo del Perú, un observatorio regional sobre migración y trata de personas.
A contrapartida se han mostrado casos de trata de personas que muestran aspectos preocupantes de este problema, como víctimas adolescentes que han quedado embarazadas y que abren el debate sobre la necesidad de autorizar el aborto en casos de esta naturaleza; vínculos con la corrupción y el narcotráfico, o la posible venta de niños, a parejas captadas en establecimientos de salud privados.
En ese contexto, hoy CHS Alternativo, presenta dos publicaciones que por una parte hacen un Balance de implementación de la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y su Reglamento, y por otra grafican el escenario nacional de la trata de personas, visto a partir de operadores de justicia, sociedad civil y personas preocupadas por los derechos humanos en su región.
El balance, muestra en general una tendencia positiva de la labor que realiza el Estado en la implementación de las políticas públicas contra este delito, respecto de la evaluación realizada en 2009.
Encuentra un mayor cumplimiento de las acciones contra el delito a nivel del Gobierno Central, aunque confirma los sustentando en el Balance anterior que a mayor nivel de descentralización se produce un menor cumplimiento de las obligaciones.
Constata que subsiste la bajo judicialización de casos, ya que de 331 casos registrados en el RETA PNP, solamente 11 han obtenido una sentencia condenatoria, de acuerdo a nuestro monitoreo nacional.
Muestra como la protección y asistencia a las víctimas es un tema urgente, pues de 798 víctimas registradas en el sistema RETA – PNP, 40% son mayores de edad para quienes no existe ni un solo albergue en el país. Sumado a la ausencia de centros de atención residencial para víctimas varones.
Se confirma el carácter nacional del problema y su peligrosa vinculación con otros delitos, como el tráfico ilícito de migrantes, procesamiento de hoja de coca, tala ilegal; así como actividades sin mayor control real por parte del Estado como la minería informal y la agricultura estacional.
Revela rutas nacionales, macroregionales e intraregionales y el reto de tomar decisiones de política pública diferenciadas y la urgente implementación de acciones de control del traslado de menores de edad por las diversas vías de comunicación (fluvial, terrestre) o la regulación de las ofertas de empleo.
La ausencia de información a todo nivel es otra necesidad a atender, así como la preocupante magnitud del problema en las zonas de frontera y su relación con el incremento de personas desaparecidas.
En suma, la evaluación muestra a un Estado más preocupado en la lucha contra el delito, aunque evidencia la ausencia de liderazgo y de gestión eficaz. Pone en la agenda las debilidades de la descentralización y la necesidad que el nivel central fortalezca a las regiones y gobiernos locales en estos aspectos.
El terreno queda nuevamente delineado, el próximo Balance nos dirá cuanto más hemos avanzado.
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