Entrevista a Sara E. Gilmer, funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Su cargo oficial dentro de Estados Unidos es este: Reports and Political Affairs Officer Western Hemisphere. Algo así como Funcionaria de Asuntos Políticos e Informativos del Hemisferio Occidental. Sara Gilmer estuvo en nuestro país hace algunas semanas y participó en una serie de reuniones con el gobierno regional y las autoridades de Iquitos a fin de recabar más información para lo que será el próximo informe de Trata de Personas del 2012. Esto fue lo que nos dijo sobre la situación peruana y las alternativas que tiene el gobierno peruano tras la publicación del informe TP 2011.
¿Por qué es tan importante la trata de personas como delito para Estados Unidos?
La trata de personas es una forma de crimen organizado: con ella se atenta tanto contra los derechos humanos como también contra el Estado. La trata no es un asunto aislado de otros delitos: es un crimen de varios niveles, que toca muchos puntos -como los derechos de la mujer o los del trabajador, por ejemplo-.
¿Y qué busca este Informe de Trata de Personas 2011?
Busca resaltar la problemática de cada nación y trabajar con sus gobiernos, porque la trata de personas tiene dos aspectos: uno nacional e internacional. Y decimos internacional porque en América Latina la trata implica relaciones entre todos los países.
¿Y qué ocurre si algún gobierno no se preocupa por lo que dice el informe?
Si un país se encuentra en el nivel tres -es decir, con poco trabajo gubernamental para enfrentar la trata- existe la posibilidad de recibir sanciones económicas, y su consideración quedará en manos del presidente de turno. Por otro lado, a partir del informe también nos interesa el compromiso político: queremos que este documento sea visto como el esfuerzo de cada nación, porque gran parte de la información proviene de los gobiernos, de su accionar.
¿Debería preocupar que Estados Unidos hable de posibles sanciones a los países que se encuentran en el nivel tres?
El informe considera ciertos niveles porque -más allá de las controversias que pueda suscitar- queremos saber qué esfuerzos está haciendo cada país y con qué recursos combate este delito. Tras este análisis, ofrecemos recomendaciones. En el caso peruano, hacemos hincapié en los detalles que más nos preocupan.
¿Y qué encontraron en nuestro país? Por el tenor del informe, no parece que el gobierno peruano haya estado muy comprometido en el problema…
No se podría decir eso. En Perú existe un Comité Multisectorial del gobierno con un trabajo muy bien establecido -algo que no existe en todos los países de la región-. Con todo, sí subrayamos algunos retos. Por ejemplo, no nos ha quedado claro cómo es que en todo este tiempo el gobierno peruano indique solo doce sentencias por trata de personas, y algunas además suspendidas.
Pero en una frase del informe ustedes dicen: «El gobierno peruano ha fallado en todos sus esfuerzos para dirigir la alta incidencia de explotación laboral en el país y nunca ha reportado con éxito la persecución a este tipo de delito». Son líneas bastante tajantes, ¿verdad?
Bueno, esa frase solo valida la información que tenemos. En realidad, con los datos que recopilamos se genera un reto muy grande para el gobierno peruano, pues se trata de enfrentar una problemática de explotación laboral que -según informes de ONGs y organizaciones internacionales- no parece estar siendo combatido, ya sea a través de condenas y sentencias como también en servicios para víctimas.
El informe también menciona la corrupción de los policías peruanos como parte del problema…
Efectivamente, y eso lo hemos visto a través de la prensa, las organizaciones internacionales e incluso con funcionarios del gobierno: siempre están denunciando la corrupción de las autoridades. Sabemos que hay policías y funcionarios que aceptan sobornos para proteger a los dueños de prostibares y burdeles, a gente que explota a personas, a menores de edad. Si bien esto ocurre en muchos países de América Latina, nos preocupa la falta de acción del gobierno peruano en este punto.
Usted que ha estado en Perú y ha podido conversar con algunas autoridades, ¿cree que estas saben lo que implica la trata de personas y cómo se debe enfrentar?
Me enteré de la existencia de unidades anti-trata de la policía, y por ese lado creo que sus agentes especializados conocen la problemática. Sin embargo, me parece que son muy pocos agentes para todo un país. Más aún, yo no sé si un policía de tránsito en Cusco o un policía de turistas en alguna provincia del Perú estén muy preparados para percatarse de situaciones de trata de personas: hay que pensar que estos son la mayoría de efectivos que realmente podrían hacer algo contra este problema.
¿No le parece que en el informe más pareciera que nos vamos hacia el nivel tres que hacia el uno?
No lo percibo así porque eso implicaría proyectarme a futuro. Lo concreto es que durante el año pasado ustedes se quedaron en el nivel dos. No puedo hacer más comentarios en ese sentido.
El informe del próximo año verá qué medidas implementó el nuevo gobierno para enfrentar la problemática…
Exacto, así lo deberíamos entender.
Y un país que ha estado en el nivel dos y retrocede al nivel tres, ¿puede levantarse?
Así es, siempre puede superarlo.
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