El 10 de setiembre del 2009 una joven tarapotina, intentó tirarse de un segundo piso en un night club de Piura. Quería escapar o morir, para salir del encierro a la que había sido sometida durante dos años desde que un estilista la engañó y vendió como esclava sexual al dueño del Bar La Noche.
Esa misma noche un policía honesto escuchó su relato y se dio cuenta que enfrentaba el caso más complejo que había tenido en sus manos. No imaginaba que su premio por el buen trabajo sería el «destaque» a una Comisaría alejada y que truncaría la carrera de su esposa en la administración de justicia.
El relato de Jhinna era terrible. Historias de violaciones a mayores y menores de edad, de sesiones sexuales con clientes y autoridades VIP para canjear servicios sexuales por protección para el dueño del establecimiento, eran solamente algunos de los hechos que relataba.
Vivió 30 días en la Comisaría de Piura y luego se mantuvo escondida cerca de dos años. La muerte, como pasó con la testigo Francisca Macharé, era probablemente lo que le esperaba si se hacía visible.
Años antes, otra víctima de 22 años, «Shirley», había sido degollada y enterrada en una maleta, por querer escapar de las manos de sus explotadores. Muchas otras víctimas, perseguidas y amenazadas, han sido obligadas a retractarse y sus casos archivados.
Jhinna, tuvo mejor suerte, su valentía la llevaría a convertirse en la primera víctima de Trata de Personas del país en acceder a un programa de protección del Ministerio Público.
Sin embargo, a puertas de cumplirse los 1000 días desde que escapó de su encierro, su caso sigue entrampado en un lento proceso judicial. Casi dos años tuvo que esperar para que el Ministerio Público formalice la denuncia y ahora la estrategia de dilación del proceso por parte del inculpado no permite que se haga justicia.
Paradójicamente, mientras que Carlos Chávez (el procesado) sigue libre y remodelando su local nocturno, ella permanece virtualmente en el encierro, sin poder caminar libremente y con el temor de que alguien la mate.
¿Justicia?
El Ministerio de Justicia le ha asignado un abogado para que la «asista» durante todo el proceso. Sin embargo, ella y el fiscal a cargo del caso, están realmente solos. Ella en el encierro «protegida» y él con la responsabilidad y la presión de litigar en un proceso, donde la víctima relata cómo funcionarios del Ministerio Público y de otras entidades del Estado acudían al Bar La Noche como usuarios.
Mientras tanto, el Programa de Asistencia y Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público lucha por proteger a su familia, pero también para conseguir los 16 millones de soles que se necesitan para asistir y proteger a las víctimas del delito.
El inculpado no se presenta y dilata el proceso, mientras busca desesperadamente a Jhinna para convencerla de que cambie su versión. El Juez no varía la orden de comparecencia, porque «no hay riesgo procesal». Absurdo cuando lo que está en riesgo es la vida de una persona.
Mientras tanto se acerca el 05 de junio y por consiguiente los 1000 días desde que escapó del encierro.
Entre tanto, cientos o miles de víctimas siguen en cautiverio, algunas llegarán a acostumbrarse al dolor de la esclavitud, otras morirán en el camino, muy pocas escaparán y parece que casi ninguna logrará JUSTICIA.
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