Los días 10 y 11 de octubre se realizó por primera vez en el Perú un Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas, producto del esfuerzo de la sociedad civil comprometidas con la lucha contra este inefable delito.
Previamente, el día 09, las Veedurías, Mesas y Redes Regionales de trece regiones del país se reunieron para elaborar una agenda común de trabajo que permita atender dos de las principales debilidades de las políticas públicas en nuestro país: presupuesto y gerencia, como lo describe en nuestra entrevista central Rossana Mendoza del comité organizador «queríamos levantar propuestas para presentarlas en el encuentro ante la sociedad civil y a las autoridades vinculadas».
Si bien se cuenta con la ley 28950, el Grupo Multisectorial de lucha contra la Trata de Personas y el Plan Nacional, hasta la fecha, no se había dado la oportunidad de compartir y coordinar iniciativas nacionales para enfrentar este delito.
El Encuentro ha sido una gran oportunidad para intercambiar conocimientos, experiencias y establecer compromisos entre las organizaciones asistentes, representadas por más de 240 participantes de 15 regiones del país como Loreto, Tumbes, La Libertad, Piura, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Junín, Arequipa, Lima, Ica, Huánuco, Ancash.
Se discutieron y revisaron los múltiples aspectos de la trata de personas en 17 paneles y exposiciones magistrales. Se contó con más de 60 expertos, comentaristas y moderadores nacionales, así como invitados de 10 países: Reino Unido, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Chile, México, Países Bajos y Bolivia.
Como conclusiones del Encuentro podemos resaltar que:
– A pesar de los importantes avances normativos e institucionales, subsisten barreras de acceso a la justicia, especialmente de las víctimas menores de edad, tanto por factores geográficos, falta de formación del operador, corrupción o ausencia de mecanismos legales para la denuncia y restitución de sus derechos, incluyendo el derecho de exigir representación legal y un tratamiento acorde a estándares de derechos humanos.
– En el ámbito de la institucionalidad, se constata que subsiste la desarticulación entre las organizaciones públicas y privadas, especialmente para la concreción de las políticas públicas en el campo de la trata de personas. No obstante, algunas buenas prácticas en el campo de la asistencia y protección a las víctimas, demuestran que es posible articularse con éxito.
– La implementación de mesas, redes y veedurías regionales son otro ejemplo del interés por la articulación, sin embargo se requiere fortalecer la gestión de las políticas y el presupuesto público. Las organizaciones regionales demandan una real voluntad política en los tres niveles de gobierno, para concretar los fines para los cuales han sido creadas.
– Es primordial enfatizar la sensibilización a los medios de comunicación, para que contribuyan a informar a la población en este campo. Incorporando estándares de protección y ética que eviten la vulneración de los derechos de las personas.
– Existe un círculo perverso entre trata y corrupción. La corrupción está presente en todo el proceso del delito, desde la captación, hasta la explotación. Sin embargo se percibe con mayor presencia en la administración de justicia y una barrera para la restitución de los derechos.
– Hay una relación muy cercana entre migración y trata de personas, especialmente cuando el proceso migratorio no se realiza en condiciones de seguridad. Situación que debe ser atendida, especialmente en las zonas de frontera.
– La trata de personas se esconde tras actividades económicas formales e informales. En ese sentido, rastrear el origen de las cadenas productivas puede ser una herramienta importante para identificar el delito y reconocer a las víctimas.
– Una diferencia fundamental entre la esclavitud del pasado y la trata actual es que en la primera la lucha se desarrollaba a nivel individual, mientras que en la actualidad, se toma como una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto, por lo que es sólo en estrecha cooperación con el Estado y sociedad civil que se podrá alcanzar una solución.
Esperamos que el Encuentro constituya un punto de quiebre en la agenda pública y de la sociedad civil en el tema y nos sumamos al llamado de las mesas regionales expresamos nuestra solidaridad con las víctimas que en este momento viven en carne propia la esclavitud, las que no han logrado acceder a la justicia, las que han denunciado y no son protegidas, las que sufren en silencio y aquellas cuyas condiciones de riesgo las convierten en presa fácil de los tratantes. Por ellas que aunque no tienen voz en este evento, son la razón por la que estamos todos reunidos el día de hoy.
Finalmente queremos agradecer al comité organizador y auspiciadores comprometidos en la realización de este Encuentro.
El Encuentro fue organizado por CHS Alternativo, la Dirección Académica de Responsabilidad Social y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la Comisión Andina de Juristas CAJ, Save the Children, Tejiendo Sonrisas, Pastoral de la Movilidad Humana y Teatro Vivo. Con el apoyo financiero de la Unión Europea, Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada de Finlandia, Embajada de Gran Bretaña, Terres des Hommes Holanda, Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y Pan para el Mundo (PPM).
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