El Perú exhibe un elevado ratio de impunidad en el delito de trata de personas pues de cada 52 procesados por este delito, apenas 1 es sentenciado por la justicia peruana.
Este resultado se desprende de las estadísticas del Ministerio Público (MP) que de acuerdo a su Observatorio de la Criminalidad ha registrado 2700 acusados de trata de personas entre el 2009 y el 2013, y de las del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que reporta que a la fecha hay apenas 52 sentenciados en cárcel.
Un delito que establece un mínimo de 8 años de cárcel para el delito base, un mínimo de 12 años para la primera escala de agravantes o de 25 años para la segunda escala de agravantes, no deja lugar a dudas de la gravedad del delito y de las consecuencias que deben sufrirse por traficar con gente, por explotarla sexual o laboralmente en condiciones similares a la esclavitud.
Un sistema que favorece la impunidad, es un sistema que permite que un delito se perpetúe, pues hace que cualquier delito en general y, la trata de personas en particular, sea muy rentable por sus bajos costos en la transacción y captación; alta rentabilidad en la explotación; y , escaso costo en la sanción, como puede apreciarse del ratio de impunidad que tenemos.
Si frente a un delito de profundas implicancias para la vida de los seres humanos, como es la trata de personas, los pocos delincuentes que son apresados salen libres rápidamente, entonces estamos enviándole el mensaje a los tratantes, como Estado y como sociedad, que este delito es sumamente rentable y que pueden continuar explotando a la gente, traficando con la integridad y la dignidad de las personas.Esto es lo que acaba de ocurrir con la decisión del poder judicial de dejar en libertad a un icono de la trata de personas con fines de explotación sexual. Nos referimos a la reciente libertad de uno de los principales responsables de la captación y traslado de niñas huanuqueñas para ser explotadas en Madre de Dios, Claver Ramírez Céspedes, alias «Lonja».
Este sujeto, conocido como uno de los principales operadores en el caso de la «Reina del Delta», logró su libertad bajo comparecencia pese a las innumerables pruebas que se acumularon en su contra. La desarticulación de la organización criminal se logró luego de una paciente labor de inteligencia policial y fiscal, que concluyó con el rescate de de 20 víctimas de trata y la captura simultanea de todos los tratantes de esta red en las ciudades de Lima, Huánuco, Cusco y Puerto Maldonado en el 2013.
El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público ha establecido que existen solo entre el 2009 y el 2013 , 3129 presuntas víctimas de trata de personas , de las cuales casi el 60% son menores de edad. Estas cifras sólo incluyen aquellos casos en los que se ha producido intervención de la fiscalía, más no muestra la enorme cifra negra sobre las que, por ejemplo, las organizaciones sociales y las investigaciones periodísticas dan cuenta, como los mencionados en anteriores informes o publicaciones de CHS Alternativo.
La impunidad es uno de los principales aceleradores de la trata de personas y de la inseguridad en general, pues emite un sólido mensaje a los delincuentes que el margen para seguir delinquiendo es amplio y seguro para ellos. Si a la impunidad se le agregan otros factores que aceleran el delito, como la corrupción, la informalidad, la ausencia de Estado y las carencias presupuestales, entonces nos encontramos frente a un conjunto de factores que abonan peligrosamente al desarrollo de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en general , y la trata de personas en particular.
Nos preguntamos ¿Qué pasó en el caso «lonja» y quien responde por esta sentencia? ¿Quién responde ante las víctimas? ¿Cómo se les explica lo ocurrido a quienes se atrevieron a declarar? ¿Quién se hace responsable por su seguridad? ¿Cómo esperamos que las víctimas y sobrevivientes se atrevan a denunciar con estos resultados vergonzosos? Desde la sociedad civil nos toca exigir explicaciones.
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