N° 179: Mayor criminalidad organizada crea condiciones para la trata de personas

1. Según el INEI, entre el 2006 y el 2013, los delitos denunciados en el Perú se han casi duplicado, mientras que el número de personas detenidas por delitos no ha aumentado mucho. ¿Considera que este nivel de impunidad evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen? ¿Cómo cree que afectan estos altos índices de impunidad en la población?

Sobre lo primero, hay una crisis institucional en relación a la seguridad en la medida en que el conjunto de las instituciones que tienen que adecuarse a la acción penal están fallando, eso incluye a la Policía, al Ministerio Público y al Sistema Penitenciario. Lo segundo, cómo afecta a la población, la afecta en varios sentidos. Uno, en un sentido muy concreto, muy práctico: la impunidad alienta el delito, a más impunidad más delito. En segundo lugar, porque crea un clima social, psicológico, humano adicional, si uno percibe que el crimen no es sancionado y percibe que aumenta el crimen, el riesgo de uno ser víctima aumenta también en el sentido de percepciones.

2. En la última década, la evolución del crimen organizado en el Perú ha implicado cambios en las estructuras organizacionales de las bandas y redes criminales, así como una expansión territorial creciente. ¿Cree usted que la respuesta de las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen ha sido la adecuada?

Sobre su diagnóstico coincido en el sentido de que hay nuevas formas de crimen organizado que no existían en el Perú hace una década. En concreto creo que la forma más importante de criminalidad organizada hoy en el Perú es la extorsión de personas o negocios en asentamientos territoriales, es decir, bandas pequeñas de crimen organizado que lucran con la “oferta de seguridad” o amenaza de daño, si es que no se paga regularmente. Esta forma criminal mafiosa no existía en el Perú hace unos años, y hoy en día se ha extendido en casi todas las ciudades del país. Las instituciones han quedado rezagadas. Para empezar, les costó entender la naturaleza del problema que se enfrentaba, y luego se plantearon medidas absurdas como, por ejemplo, enviar tropas de asalto, declarar lugares en emergencia o llevar militares para cuidar lugares. No entendemos la naturaleza profundamente basada en el anonimato y en el silencio de estas prácticas criminales que requieren justamente la luz que puedan poner instituciones especializadas en investigación criminal y trabajo de inteligencia.

3. ¿Considera que en los próximos años el delito de la trata de personas experimentará una evolución cuantitativa y cualitativa, como en otros delitos complejos como la extorsión o el sicariato?

Lo primero que debo decir es que el gran trabajo de organizaciones de la sociedad civil como CHS Alternativo ha visibilizado el problema que ha existido desde antes y que hoy día se reconoce como tal. En líneas generales, se puede decir que un incremento de la criminalidad organizada permite y crea condiciones mayores para el delito de trata de personas en la medida es que rutas y actores pueden ser usados para múltiples fines simultáneamente.

4. De acuerdo al Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre el 2012 y el 2014 ha existido un incremento descentralizado de los casos de trata de personas, con mayor concentración en Loreto y Madre de Dios. En el norte del país se presentan altos índices del delito de extorsión, mientras que el robo adquiere notoriedad en la costa sur. ¿Considera que ha sido suficiente el nivel de articulación entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales en relación a esta problemática? ¿Qué cree que debería mejorarse?

En términos generales, el esquema de lucha contra el delito en el Perú es una tarea perteneciente al Gobierno Nacional y no a los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales tienen una responsabilidad importante en la prevención de esos delitos y creo que allí ha existido un déficit notorio. En conjunto, creo que el Estado peruano ha estado alejado de uno de los problemas más importantes para la población, identificados como tal por los peruanos, pero no entendidos así ni por los políticos, el Congreso o el Ejecutivo. Y recién ahora tímidamente, pero con mucho demagogia entre los candidatos.