N° 196: De la esclavitud a la mesa

Los peruanos invertimos millones de soles al año en conservas de atún sin preguntarnos los procesos que confluyeron para que ese producto llegue a nuestra mesa a los precios de oferta que solemos aprovechar en el escaparate. Desde hace varios meses la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) viene denunciando que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia en él 2010, el Perú consume conservas de atún producto de la utilización de mano de obra proveniente de niños, esclavos e inmigrantes ilegales.

Una publicación de la revista Caretas muestra la cruda e injusta realidad a la que son sometidas miles de personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, que son obligados a vivir en condiciones insalubres en barcos pesqueros, trabajando más de 20 horas al día. Según la SNI, la industria pesquera en el Perú es cómplice de esta realidad a través de las empresas Fanny, A-1, Bell’s y Florida, cuyos empresarios deciden ignorar una realidad denunciada internacionalmente para generar mayores ganancias.

Desde CHS Alternativo, consideramos que situaciones como éstas generadas por amplias brechas económicas y sociales, son inaceptables y configuran una de las peores formas de trata de personas con fines de explotación laboral. En este sentido, las políticas de nuestro país deben apuntar al respeto de los derechos humanos de todas las personas que son parte de la cadena de producción de los bienes que consumimos las y los peruanos, sean o no elaborados en nuestro país.

Lamentablemente, estas empresas no son las únicas. En el Perú esto ya ocurre en otras industrias como la agrícola, textil, minera y tala. Para afrontar esta tendencia y hacer que estas prácticas no sean económicamente viables, existen dos caminos. El primero, implica que el estado sancione a estas empresas por incurrir en prácticas de competencia desleal al comprar materia prima que no cumpla con los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. El segundo, que requiere la participación de todos como ciudadanos/as, es sancionar con la no compra de sus productos a empresas que sabemos están aprovechándose de las malas prácticas que ocurren en otros países para bajar sus precios.

Según la SNI, en los últimos tres años se han perdido más de 125 mil empleos en la industria pesquera producto del ingreso de materia prima importada a un menor precio. La esclavitud moderna en la forma de trata de personas con fines de explotación laboral nos afecta directa o indirectamente a todas y todos. Por eso, ya no es suficiente revisar las etiquetas en los mercados para corroborar si las empresas a las que les compramos cumplen con estos entandares. Es nuestro deber ciudadano estar informados y utilizar el consumo responsable como un arma de lucha y respuesta solidaria.

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