Dr. Javier Ernesto Ruiz-Eldredge Vargas, Director General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
1. En el Decreto Legislativo N° 1297 se conforma un conjunto de reformas sobre los que está trabajando el Ministerio de la Mujer para proteger a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los grandes cambios que se van implementar en el marco de este decreto?
Primero quiero señalar que este decreto fue promulgado el 30 de diciembre del 2016 y se dio en el marco de la delegación de facultades del legislativo al Poder Ejecutivo para normar en temas en temas de violencia y de seguridad ciudadana en el país. Entonces, considerando que la violencia en nuestro país afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, nos correspondería como ente rector dar medidas que estén dirigidas a prevenir las formas de violencia hacia esta población vulnerable.
De alguna manera, por circunstancias ajenas a la voluntad del Estado o de las propias familias, los niños, niñas y adolescentes podrían verse expuestos a situaciones de violencia en las calles, en los barrios, en los propios lugares donde viven, en sus vecindarios y en otros lugares del país. Esto tiene que ser analizado desde la intervención del Estado, promoviendo la participación de la familia, por eso es que este Decreto Legislativo establece esta ley de protección a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o con el riesgo de perderlos, es decir, que están en riesgo de caer en abandono, contar con padres o una familia.
Entonces, aquí se requiere examinar la intervención del Estado y de la sociedad civil para confluir en esfuerzos que beneficien a las niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, velando por su interés superior en todas las medidas, esto llevó a revisar la necesidad de modificar la ley general de adopciones, la ley sobre el acogimiento familiar y la ley de mendicidad infantil que establecía casi una suerte de penalidad para las víctimas de mendicidad, que es una forma de explotación. Frente a esas situaciones hemos previsto que sean las Demuna (Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente), que en nuestro país cubren casi el 96 % de todas las municipalidades del país, quienes tomen conocimiento e intervengan para poder tomar medidas de protección ante situaciones de riesgo. Muchas veces se trata de situaciones típicas en las cuales la medida de protección es en el propio hogar, es decir, con los propios padres. Sin embargo, si nos encontramos frente a una situación de vulnerabilidad de un niño o niña que permanece en encerrado en su casa porque probablemente no hay nadie que los cuide, ahí quizá se habrá que tomar otras medidas de protección que hay que evaluar bien.
2. ¿Cuál va a ser el trato que se les daría a las víctimas de trata de personas y ESNNA en el marco de la desinstitucionalización de los centros de acogida?
La idea es que el sistema de protección cambie, es decir, no queremos más niños y niñas que estén colocados en pabellones de 20, 30, 40 y 60 camas. La experiencia y las directrices de Naciones Unidas y de instituciones que han avanzado en el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes nos señalan que el modelo de intervención debe ser familiar, y que los niños que estén en un albergue deben recibir esa calidad de atención. En este sentido, ya no podemos hablar de un modelo de grandes pabellones sino de pequeñas casas donde se construya un núcleo familiar, que no es propio obviamente, pero que tiene que tener esa calidad de atención. Creemos que el afecto y el calor familiar son lo mejor para todas las formas de recuperación emocional y psicológica, así como para el desarrollo de habilidades.
3. El reglamento establece que debe haber un plan y que este sería el de desinstitucionalización. ¿Cuáles son las principales características de este plan a nivel de presupuesto, recursos humanos y descentralización?
En primer lugar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector de todo este sistema nacional de atención integral de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto no son solo recomendaciones que da el Ministerio sino son prácticamente normas y para esto se cuenta con una Comisión Multisectorial de implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. En este marco está el resultado 22 que establece que las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales se deben integrar a una familia, este es el marco referencial que tenemos para poder proceder en el plan de desinstitucionalización, para lo cual la ministra ha conformado una comisión de alto nivel para poder trabajar este plan.
El tema de presupuesto también es una preocupación nuestra y estamos trabajando en la elaboración y complementación de un Programa Presupuestal que aborde el tema de la niñez y la adolescencia, el cual queremos fortalecer puesto que incluye el eje de la desconcentración del servicio de las unidades de protección especial. Se trata de construir algo que en muchos años no se ha venido trabajando, de hecho, hemos encontrado que no existía un historial de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes que si bien tienen nombre y apellido terminan siendo para el Estado un NN.
Entonces la adopción es una alternativa, pero no es la única porque existen en nuestro país familias que tienen la posibilidad y la voluntad de acoger. Habrá algunas que inclusive podrán recibir un apoyo económico que no será sustancial, pero que se dará para los efectos que se quiere lograr, que es reintegrar a los niños y adolescentes a sus familias.
4. Sobre las familias y las medidas alternativas a la institucionalización, que abren un nuevo campo importante pero que exige también mayor nivel de control y supervisión, ¿cuáles de las medidas considera que podrían implementarse para víctimas de trata de personas y cuáles son las medidas adicionales que se tomarán para asegurar que las víctimas de este delito no corran el riesgo de volver a caer en situaciones de explotación?
Tenemos allí un serio problema puesto que contamos con tres Centros de Atención Residencial especializados en estos delitos en Iquitos, Madre de Dios y Lima, pero esperamos contar con otros albergues especializados en el futuro. Lo que también nos preocupa es cómo estas víctimas pueden ser reintegradas a familias, definitivamente el proceso de investigación tutelar o de protección especial tiene que ser un estudio a profundidad sobre la existencia de condiciones para que estas víctimas puedan regresar con sus familias de origen, ya que podría haber casos en los cuales la familia resulta estar involucrada en las situaciones de explotación, y esto no les da las condiciones de protección adecuadas a las víctimas.
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