En balance, ¿cómo calificaría la lucha del Estado contra la trata de personas durante el año 2017?
Un año óptimo, pues desde el Estado se ejecutaron diversas acciones preventivas contra la trata de personas, se emitieron sentencias ejemplares, se descentralizó la política pública a través del fortalecimiento de mesas redes y comisiones regionales y la formulación de planes regionales, se aprobó el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 y, sobre todo, se destinó S/7.5 millones en el Sector Interior, lo que ha permitido fortalecer el actuar policial a nivel nacional.
Asimismo, se crearon instancias especializadas (Grupo Sectorial contra la Trata de Personas y Grupo de Atención y Reintegración) para un trabajo coordinado y basado en las etapas que se presentan en un caso de trata de personas. Y se firmaron nuevos acuerdos específicos en trata de personas con Estados Unidos, Chile y Argentina, los cuales se suman a los acuerdos existentes con Ecuador, Colombia y Bolivia.
Finalmente, es importante destacar la labor de prevención intercultural a través de los programas radiales en lenguas nativas y en español en Cusco, Puno y en Lima (Lima Este y Lima Sur). Así como nuevas estrategias preventivas como la campaña “Cuidado, ellos te están buscando”, que se realizó en Lima, Trujillo, Iquitos y Cusco.
¿Qué retos se han presentado este año en la lucha contra la trata de personas?
En primer lugar, la construcción del nuevo Plan Nacional nos permitió rediseñar la lucha contra la trata de personas desde un enfoque victimológico, poniendo a la víctima como centro de la labor estatal. Asimismo, se logró incorporar nuevos ejes de trabajo, como el de Gobernanza Institucional que permite fortalecer el trabajo de articulación y gestión de la lucha contra la trata; el de Prevención, entendido como la eliminación de los factores de riesgo ante la trata de personas; la fiscalización administrativa como parte de la persecución del delito; y la necesidad de una reintegración a largo plazo para la víctima de trata de personas y sus formas de explotación.
Otra apuesta-reto del Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, fue la descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas. Se fortaleció el equipo de la Dirección General de Seguridad Democrática que brinda asistencia técnica a regiones; se creó la primera oficina descentralizada de lucha contra la trata de personas que se ubica en Ayacucho; se apostó por la elaboración de 14 planes regionales, en algunos de los cuales se trabajó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y se inició la instalación de las primeras mesas, redes o comisiones provinciales, contando actualmente con 18 espacios de esta naturaleza.
¿Cuál ha sido el rol de la Comisión Multisectorial en esta lucha? ¿Y el de la sociedad civil? ¿Cómo puede mejorarse la relación entre el Estado y la Sociedad Civil para hacer efectiva esta lucha?
La Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes es el espacio de elaboración, gestión, monitoreo y evaluación de la lucha contra estos delitos. Este espacio resulta fundamental porque reúne a las diversas instituciones del Estado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y la academia, permitiendo el intercambio de ideas y la toma de decisiones en temas de presupuesto, planes de trabajo, líneas de acción, entre otras.
En ese sentido, el rol de la sociedad civil es un rol doble. Primero, el rol fiscalizador, que permite dar cuenta a la ciudadanía de lo que se viene avanzando en la lucha contra la trata de personas y los obstáculos con los que nos encontramos. Por ejemplo, el Informe Alternativo presentado en diciembre de este año, permite a la Comisión Multisectorial tomar una serie de decisiones para revertir las problemáticas identificadas por la sociedad civil. El segundo rol es uno propositivo. La sociedad civil, como parte de la Comisión Multisectorial y a partir de la amplia experiencia que posee en la lucha contra este delito, presenta propuestas y proyectos que pueden ser implementados de manera conjunta entre la propia sociedad civil y el Estado peruano. Creo que este segundo rol es de suma importancia para poder seguir avanzando como Estado y creo que ello marca una relación de profundo dialogo entre ambos actores.
¿Qué factores favorecerían una implementación efectiva del PNAT 2017-2021?
La asignación de presupuesto es un factor clave para la implementación efectiva del Plan Nacional 2017-2021. Si cada institución del Estado no asigna un presupuesto específico para el cumplimiento de este Plan Nacional, difícilmente se podrán alcanzar los grandes retos que allí nos hemos propuesto. Esto no solo debe ocurrir a nivel de Ministerios o Poderes del Estado a nivel central, sino en cada una de las regiones y provincias del país.
Otro factor especialmente relevante es la asunción de responsabilidades por parte del proprio Estado y los diversos Ministerios, y la articulación a nivel intrasectorial, es decir dentro del propio sector; intersectorial, es decir entre Sectores; y entre los tres niveles de Gobiernos. La lucha contra la trata de personas requiere, primero, que cada uno cumpla cabalmente con el rol asignado y que nace de sus propias funciones sectoriales. Y, en segundo lugar, que las acciones que naces de estas funciones puedan darse de manera coordinada y articulada. De forma tal que tengamos un uso eficiente de los recursos humanos y logísticos con los que contamos, así como un trabajo integral entre todos los involucrados.
¿Cuáles son las metas que se tiene desde el Estado para la lucha contra la trata de personas en el 2018?
La lucha contra la trata de personas durante el 2018 nos plantea innumerables metas. Voy a enumerar solo algunas de ellos, que se suman a todas las acciones necesarias para la implementación del nuevo Plan Nacional 2017-2021.
La Policía Nacional, por ejemplo, contará con una sola estructura descentralizada especializada contra la trata de personas, la que ya se aprobó a través del Reglamento del Decreto Legislativo N°1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado por Decreto Supremo N°026-2017-IN, publicado el 15 de octubre, y que ahora requiere concretizarse. Se continuará con su fortalecimiento, a través de mayor presupuesto y la compra de equipos informáticos y kits de investigación.
Se iniciará la implementación de la Alianza de Cooperación para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos, con una contribución de este último de 5 millones de dólares. Este acuerdo tiene acciones en Lima, Loreto, Cusco, Puno y Madre de Dios.
En cuanto a la prevención, además de enfocarnos en la lucha contra los factores de riesgo a los que me refería en una pregunta anterior, el próximo año queremos iniciar una labor mucho más estrecha con el Ministerio de Educación, para poder llegar a la población escolar, la cual es especialmente vulnerable ante este delito.
En el eje de atención, protección y reintegración, se iniciarán con la elaboración y gestión de los proyectos de inversión pública para la construcción de Cámaras Gesell, salas de protección transitoria y albergues. Para ello, las regiones tienen un rol único a través de la ejecución de los montos acumulados en los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL’s).
Finalmente, es indispensable que el Estado cuente con un Sistema de Monitoreo que nos permita medir los avances en el cumplimiento del Plan Nacional al 2018, 2020 y 2021, de tal forma que nos permita hacer los ajustes y reajustes que sean necesarios.
Puede leer también:
No hay comentarios aún