El Estado, como garante de la vigencia y protección de derechos, más aún en los casos que devienen del delito de trata de personas, debe hacer primar el interés superior de la víctima. Para ello debe contar con una visión interdisciplinaria y un enfoque multisectorial que permitan promover entornos seguros de protección y libres de violencia en sus distintos niveles. Sin embargo, la realidad nos muestra que aún se carece de estrategias integrales y de servicios adecuados, siendo indispensable reflexionar y generar cambios responsables para lograr los objetivos propuestos. La trata de personas debe mirarse desde una perspectiva integral con acceso a la justicia que incluye, entre otros elementos, legislación y sanción efectiva a los tratantes.
El aumento en el número de casos y la expansión del delito a áreas que hasta hace poco no parecían verse afectadas, responde por un lado a la globalización que ha facilitado el acceso a la información y las comunicaciones, pero también a las dificultades económicas y subsecuente inestabilidad socioeconómica en parte de la población: el desempleo y/o empleos mal remunerados, la falta de oportunidades educativas y desarrollo social, así como las limitadas posibilidades de acceso a los servicios básicos, generan en los afectados circunstancias de “expulsión” de los entornos seguros .
Durante el 2017, CHS Alternativo ha promovido varios eventos en los que confluyeron especialistas y delegaciones internacionales, regionales y sectoriales, cuyas demandas al Estado y al Sistema se resumen del siguiente modo:
En la declaración del OBSERVATORIO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS en el marco del V CONGRESO LATINOAMERICANO se concluyó: “Consideramos indispensable que las legislaciones de nuestros países adecuen la Convención contra la Corrupción, ya que este es uno de los factores determinantes para la ausencia de sanción. Debemos comprometer a los Estados a rendir cuentas a la ciudadanía en cuanto al avance y cumplimiento de las políticas públicas relacionadas contra la trata y tráfico de personas, al ser problemáticas que atraviesan la realidad de nuestros países latinoamericanos y del Caribe, nos debe interpelar a todos/as como seres sentipensantes, permitiéndonos un abordaje crítico para observar, actuar y transformar nuestros contextos latinoamericanos.”
El III ENCUENTRO NACIONAL SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS fue la oportunidad para congregar a participantes y aliados de la Veeduría Mirada Ciudadana, el Movimiento Vuela Libre y la Red de Operadores – más de 120 miembros de 14 regiones- donde la exministra, Marisol Pérez Tello, recalcó la “necesidad de trabajar en base a datos empíricos que nos permitan diseñar una gestión pública basada en datos. Es necesario una guía de reintegración con cambio de paradigma en la atención de las víctimas NNA, dejando como última medida la institucionalización”. Por otro lado, la fiscal superior Rosario López Wong remarcó lo importante que es contar “con una reparación que permita el costo de manutención mensual, que puede significar recuperación y asistencia a la víctima”.
En el IV ENCUENTRO MACRO REGIONAL CUSCO se reconoce que es urgente la cooperación y articulación entre las redes regionales de lucha contra la Trata de personas que puedan manejar diagnósticos actualizados con información desde lo local, para implementar las políticas públicas y determinar las prioridades, principalmente porque falta mucho de operatividad y claridad a nivel de las funciones y competencias en la implementación de la normativa y el protocolo intersectorial a la hora de definir los procesos de acceso a la justicia, atención, protección, rehabilitación y reintegración del niño y de la niña.
En el I ENCUENTRO REGIONAL IQUITOS se determina que los funcionarios públicos de los gobiernos locales cuentan con escasa información sobre trata de personas, y que hace falta que las autoridades asuman la responsabilidad y pongan más interés en el aspecto social y económico – comenzando por la educación – controle y supervise, y así, se pueda ir reduciendo la tolerancia social e institucional ante el delito de trata de personas. Es necesario que los gobiernos locales designen presupuesto para actividades de prevención y creación de programas sociales (no asistenciales) del Estado y particulares en las comunidades más aisladas, enfocados en bienestar comunitario.
En el ENCUENTRO DE OPERADORES DE JUSTICIA, se plantean como retos para la persecución del delito, que el trabajo de las fiscalías especializadas en trata de personas empiece a generar estándares de actuación tras los más de tres años de trabajo; para los cerca de 36 fiscales que hay a nivel nacional, es necesario el manejo de técnicas de investigación con nuevas metodologías, como el uso de simulación de juicios, interrogatorios, o recojo de evidencias, entre otros actos procesales, para que la persecución del delito resulte más eficaz. Se plantea también la necesidad de ser capacitados en el uso y comprensión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para derivar casos detectados, enviar alertas, generar procedimientos especiales y rápidos para las solicitudes de bloqueo o acceso a los servicios que brindan, o inclusive poder adaptar sus servicios desde una cooperación judicial, policial y fiscal para casos de trata de personas. Porque aún se convive con las dificultades que el sistema tiene para brindar medidas de protección efectivas en favor de las víctimas, entre otros, por las barreras burocráticas y administrativas que limitan la actuación de los operadores. Finalmente, se insiste en la importancia de que los operadores deben estar sensibilizados y contar con competencias blandas desarrolladas (empatía, escucha activa, tolerancia, entre otros) para enfrentar el reto de abordar a una víctima de trata de personas, pero también el desgaste profesional.
El V INFORME ALTERNATIVO nos trae estimaciones como que en el 2016 se reportaron 507 denuncias, se tuvo 546 detenidos de los cuales sólo 6 de cada 100 imputados por delito de trata de personas son sentenciados y que para todo éste despliegue, 969 policías fueron capacitados en diversas regiones para prevenir, identificar y atender los delitos de trata de personas. Esto muestra una realidad ineludible: la trata de personas es un crimen que en los estamentos judiciales es impune y que somos un país que padece de ausencia de estrategias de prevención, protección, y procuración de justicia hacia los tratantes. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran desprotegidos frente a redes de explotación tanto domésticas como internacionales, alentadas por un mercado creciente de explotación sexual comercial infantil.
Se celebra la aprobación del Nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, del Decreto Legislativo 1297, entre otros, pero ahora es importante instaurar un sistema de rendición de cuentas, ya que no podemos depender de la buena voluntad o la calidad moral de ciertos funcionarios, es necesario un sistema claro determinado y sancionable ante su incumplimiento.
Toda esta demanda recogida de los mismos actores que tienen bajo su responsabilidad el abordaje de la trata de personas, deja claro que existe una deuda pendiente de parte del Estado, que es necesario repensar y reformular estrategias de política pública que permitan amortiguar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que generan la vulnerabilidad ante este delito. El Estado tiene que abordar el problema de una manera amplia y articulada, en el que se entretejan sinergias desde una acción multilateral, intersectorial y con participación de todos los actores en los espacios local, nacional y regional. Solo así se lograrán resultados sostenibles. Esperamos que en el 2018 se pueda saldar esa deuda pendiente.
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