Editorial Alternativo
Trabajar es un derecho y es vital para la independencia económica y emocional de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de las niñas y niños la situación cambia, pues, aunque hay actividades que pueden ser positivas para el desarrollo humano, también hay otras que son peligrosas y pueden resultar muy perjudiciales para el desarrollo y futuro de la niñez.
El trabajo infantil, especialmente el catalogado en sus peores formas, genera en este grupo humano serias limitaciones en su bienestar y desarrollo. Por un lado, vulnera o pone en riesgo los derechos fundamentales de niñas y niños trabajadores a la vida, la salud, el más elevado nivel de vida y la integridad, entre otros. Pero, quizá lo más delicado es que compromete también su plan de vida.
Efectivamente, el trabajo infantil puede ser el inicio de un proceso de limitaciones para desarrollar la inclusión económica en la futura trayectoria laboral de niñas y niños, con lo cual se compromete la posibilidad de satisfacer sus necesidades y las de su familia. Adolfo Figueroa1 señalaba que nuestra participación en la economía depende de una condición previa que difícilmente se cumple a cabalidad en los grupos excluidos, como las niñas y los niños trabajadores. Por lo general, una persona para desarrollar bienes y servicios por medio de una actividad económica o laboral depende de lo que se conoce como una “dotación inicial de activos”, es decir, la capacidad y habilidades desarrolladas que le son útiles para elaborar un bien o desempeñar un servicio. Por ejemplo:
• La educación formal (primaria, secundaria o superior) y no formal (saberes y creencias, experticias familiares o comunales, etc.) que recibe;
• Las capacidades físicas y mentales que nos predisponen a desarrollar un empleo de mejor manera que otro;
• Los recursos económicos familiares que pueden permitir iniciar un negocio (o no);
• Los bienes adquiridos por la familia o grupo (tierras, viviendas, etc.); entre otros.
En general, un modelo de economía perfectamente competitiva supone que todas las personas tenemos las mismas posibilidades con distinto nivel de “dotación inicial de activos”. Pero, en la realidad este supuesto no se cumple dado que el acceso a la información y mejora de capital humano tiene restricciones heterogéneas que son transversales a toda la sociedad.
Aunque no es evidente, las niñas y los niños trabajadores en la informalidad provienen de hogares con posibilidades de desarrollo muy limitadas, en los cuales las restricciones económicas y financieras de las familias hacen imposible cubrir todas sus necesidades básicas. Por ello, en muchos casos, las niñas y los niños de estos hogares son empleados por los propios familiares, para realizar actividades específicas que pueden resultar exigentes y dañinas. Por ejemplo, el trabajo en angostos socavones mineros, en el lavado de oro o en la manipulación de insumos tóxicos para la producción de cocaína. Asimismo, en canteras, trasladando piedras, en el reciclaje de basura, como estibadores y en otras actividades consideradas como las peores formas de trabajo infantil.
No obstante, lo más preocupante es que la participación en estas actividades laborales impide a niñas y niños acumular el capital humano necesario para su desarrollo social y económico futuro. Las niñas y los niños no asisten a la escuela, tienen bajos índices de salud y su esperanza de vida disminuye, entre otros factores. Es decir, que la población infantil que realiza actividades en las peores formas de trabajo infantil, será excluida de los beneficios que la sociedad le brindaría en el futuro, cuando sea un adulto; debido a que no contará con las suficientes capacidades desarrolladas. Para contrarrestar esta situación, es importante que las políticas públicas tengan una medición y focalización importante de recursos, a fin de mejorar la situación de los hogares en condición de pobreza, así como prevenir el abuso laboral de niñas y niños, pues esta situación generará costos a la sociedad en el largo plazo.
La niñez tiene derecho a vivir su infancia, a ir a la escuela y, si tiene la suficiente madurez, a trabajar en condiciones dignas para ayudar a sus familias, pero sin afectar su desarrollo.
Si conoces o estás en una situación de trabajo forzoso, puedes denunciar a la Línea 1818 del Ministerio del Interior, la comisaría o cualquier fiscalía a nivel nacional, así como a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La atención es gratuita, segura y confidencial.
Referencias
[1] Economista, especializado en Desarrollo Económico, Desigualdad Económica y Social, Mercados Laborales, Agricultura, Economía, Teorías Económicas del Equilibrio General y Economía Ambiental.
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