Editorial Alternativo
El mundo ha superado la peor etapa de la pandemia del COVID 19. Un descenso en el número de fallecidos y un aumento en el número de personas protegidas por las vacunas contra el virus han permitido que una enfermedad peligrosa reduzca sus efectos. Pero existen otras “pandemias” que no se superan, sino que fortalecen su impacto estructural en el mundo, afectando el bien más preciado de la humanidad: la dignidad humana.
Este año 2022, nuevas evidencias han demostrado la fragilidad social que existe frente a la explotación humana; la muestra de ello es la pasividad con que las personas enfrentamos nuestra propia situación y la de los demás. Ciertos datos han sido determinantes para darnos cuenta de esta situación, que se acepta con transparencia y preocupación:
- En primer lugar, el aumento de la vulnerabilidad de las personas frente a las distintas formas de explotación. Así es. La migración venezolana al Perú ha sido acompañada por un aumento superlativo del número de personas migrantes víctimas de trata de personas, ha generado que la Defensoría del Pueblo haga público que 16 mujeres desaparecen al día, y la mayor parte son adolescentes y mujeres jóvenes.
- En segundo lugar, dos encuestas de CHS Alternativo y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que han encontrado que 3.4 millones de peruanos reconocen que vivieron una situación que se asemejaba al trabajo forzoso, mientras que 3.2 millones de personas señalaban que habrían pasado por una situación similar a la trata de personas.
- En tercer lugar, otra encuesta nacional realizada por el IEP y CHS Alternativo concluyó que, de los 7 millones 160 mil personas menores de edad que existen en el Perú, más de 800 mil niñas, niños y adolescentes recibieron mensajes con fines de explotación sexual; y aproximadamente 280 mil niñas, niños y adolescentes recibieron un ofrecimiento para tener relaciones sexuales en línea.
Si esta situación ya es preocupante, lo es más que nuevamente haya disminuido el interés del Estado por enfrentar la explotación. Si en el 2021 fue destacable, por ejemplo, por la aprobación de la Política Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, el 2022 resultó decepcionante, porque nuevamente el presupuesto estatal asignado a esta misión fue tres veces menor al presupuesto establecido en el 2015.
Ha habido otras medidas que si se pueden resaltar (como la aprobación de la ley que impone a las empresas proveedoras de internet que deberán ofrecer filtros para restringir contenidos pornográficos y violentos), pero siempre se trata de medidas relacionadas con el desarrollo normativo, de políticas o documentos públicos o el desarrollo de institucionalidad. Siempre se postergan las medidas que previenen los factores estructurales que originan la explotación, la creación de servicios apropiados para las víctimas, y el enfrentamiento de las actividades ilegales asociadas a la trata de personas, en especial el lavado de activos.
¿Qué hacer? Desde la sociedad civil queremos aportar en igualdad de condiciones, aunque el Ejecutivo prefiera restringir los derechos. Empero, consideramos que nuestro deber ético nos invita a seguir colaborando, ahora desde una posición más crítica, para generar evidencias y respuestas frente a las mismas. Tres medidas son urgentes y que el 2022 han cobrado mayor importancia. Las planteamos en esta editorial:
- Detectar el impacto económico y social de la explotación de personas en el Perú, su relación con las economías criminales actuales que se benefician de esa explotación, y el destino de los ingresos de estas actividades ilícitas cuando son realizadas a gran escala, en especial cuando implican el lavado de activos;
- Realizar un mapeo de servicios para víctimas de trata de personas y las barreras de acceso a los mismos, en especial a los servicios protección para mujeres y niñas y niños, y de atención en salud mental, para crear respuestas innovadoras y efectivas; y,
- Empezar a detectar la relación entre las prácticas de corrupción y el involucramiento de funcionarios y fuerzas del orden en las actividades de explotación, sea por su participación directa o por permitir y encubrir las actividades de explotadores.
Para luchar contra la explotación humana, más allá de compromisos o cambios normativos, se necesitan acciones urgentes que sean sostenibles y continuas y que, por supuesto, sean acompañadas del presupuesto necesario.
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