El día 19 de junio el Departamento de Estado Norteamericano hizo público el Informe Anual de Trata de Personas 2012.
El documento señala que el Perú se mantiene en el nivel 2, como un país que «(…) no cumple a cabalidad con los estándares mínimos necesarios para eliminar la Trata de Personas» y donde «el gobierno volvió a fracasar en sus intentos por enfrentar la alta incidencia de casos de trabajo forzado en el país».
Las principales observaciones y recomendaciones al país son las siguientes:
a) Bajo número de condenas y sentencias frente al «gran número de casos que fueron identificados». En efecto, cifras del Observatorio del Ministerio Público para el periodo 2011, señalan que 403 casos fueron investigados en sede fiscal. Sin embargo, en el mismo periodo se lograron solamente 5 sentencias condenatorias, según lo señala el informe.
b) Error de tipificación del delito en la investigación y juzgamiento. Se ha vuelto común que un caso de Trata de Personas se investigue como proxenetismo. ¿error, falta de conocimiento o corrupción, para pasar un delito menor por uno más grave?
c) Presupuestos limitados, especialmente para la atención a las víctimas. De las 767 víctimas identificadas por el Ministerio Público en el 2011 y las cerca de 2,000 registradas en el RETA PNP, solamente 1 de ellas se ha integrado al programa de protección del Ministerio Público.
d) Inteligencia operativa en la investigación e identificación de las víctimas. En buena cuenta, menos operativos rastrillo, más inteligencia y uso de los recursos de investigación que ofrece la Ley 28950 (colaboración eficaz, agente encubierto en sus modalidades de especial y especializado, intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, etc.). De esa forma se reducirían también los operativos contra la prostitución que luego se registran como Trata de Personas, cuando no lo son y solamente sirven para desnaturalizar las cifras.
e) Corrupción asociada a la «tolerancia» de funcionarios públicos, especialmente en lo local. La Trata de Personas se materializa en el espacio local (municipal), sin embargo, el agente municipal (seguridad ciudadana y fiscalización), la comisaría o el inspector laboral no hacen lo suficiente para perseguir el delito ¿tolerancia, desconocimiento, presupuesto o corrupción? A modo de ejemplo, el Bar La Noche en Piura operó (exploto a seres humanos) casi 10 años, sin sobresaltos. Ahora el propietario ha abierto chifas – bar en Sullana. ¿quién los cerrará?. Sucede lo mismo con el Talibán (Puerto Maldonado); el Alfil Mañoso (Iquitos); etc., etc. a lo largo del país.
f) Inspecciones laborales insuficientes. En efecto el sector informal de la economía peruana no es materia de agenda inspectiva, sector donde precisamente se encuentran las víctimas de la Trata de Personas. A ello habría que sumarle el escaso número de inspectores y recursos para supervisar por ejemplo, aserraderos, minas ilegales o talleres de confecciones con niños cusqueños y apurimeños en Lima.
En suma, el informe pese a señalar un avance del país, deja mal parada a la actual gestión de las políticas públicas contra la Trata de Personas. El Plan Nacional como principal logro del gobierno parece diluirse en las significativas ausencias y omisiones que el informe pone en evidencia.
Sin embargo, no es un problema solamente del sector público sino de todos. Las víctimas, las personas vulnerables, las tolerantes y aquellas que integran la demanda están entre nosotros.
El 15 de marzo pasado el premier Oscar Valdés señaló textualmente que «El presidente de la República, Ollanta Humala, ha iniciado una «lucha sin cuartel» contra el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y la tala indiscriminada».
Al parecer el informe del Departamento de Estado no le caerá muy bien ni al premier ni al presidente.
El próximo 23 de julio se inicia el juicio oral en el caso de Jhinna Pinchi, estaremos atentos a su desarrollo, solamente esperamos que la «noche no se apodere» de la justicia.
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