No hace mucho, el Defensor del Pueblo de Cusco, Silvio Campana, comentó que un niño cusqueño había logrado fugarse de una fábrica clandestina que funcionaba en el centro industrial de Gamarra, en Lima. El menor, que había sido traído desde su tierra con engaños y prácticamente secuestrado en esa factoría -allí comía, dormía y trabajaba-, confesó que él no era el único en estar en esas condiciones: que en el lugar donde se le explotaba laboralmente había otros once niños.
La situación de lo ocurrido en esta importante zona comercial de Lima se agrava si consideramos que solo entre mayo y diciembre del año pasado se denunciaron 24 casos de tráfico de ciudadanos cusqueños, de acuerdo al registro de trata de personas RETA-PNP. De estas personas, 19 habían sido captados para realizar trabajos de manera forzosa.
Sin embargo, más preocupante aún es el hecho de que las autoridades parecen no percatarse de que el tráfico de personas no solo involucra casos de explotación sexual sino también de explotación laboral. Esto no es solo una sensación: el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de presentar un documento donde señala que «el gobierno de Perú no ha cumplido con los requisitos mínimos exigidos para el tráfico de personas» porque «ha fallado en sus esfuerzos por reducir la alta incidencia de explotación laboral en el país y porque nunca ha reportado con éxito una campaña para perseguir este delito».
El Informe sobre la Trata de Personas (TP 2011) no termina allí: hace la recomendación de que el gobierno peruano debe preocuparse por investigar y castigar ejemplarmente a quienes trafican con personas, en especial «con policías corruptos que estarían facilitando la explotación laboral». Las conclusiones del Departamento de Estado norteamericano son bastante significativas, sobre todo si consideramos que desde el año 2007 existen ya leyes específicas que condenan todas las modalidades de tráfico de personas en Perú.
En la entrevista de esta edición de Reporte Alternativo, la Defensora del Pueblo de Puno también deja entrever el enrarecido clima de indiferencia de las autoridades ante la explotación laboral: allí, Luz Herquinio refiere cómo los menores de edad de una región específica de Puno estarían siendo captados para realizar trabajos forzados en Lima. Peor aún, hay grandes zonas de la frontera con Bolivia que no están siendo controlados y que eventualmente podrían permitir que el Perú se convierta en una posible fuente y ruta de tráfico de personas.
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