Editorial Alternativo
“Perú, una nación caminante”[1] es una obra escrita por Eduardo González Viaña, en la que recoge “testimonios de cómo vive, trabaja, sufre, ama, goza y extraña lo suyo un inmigrante peruano en España”. Esta es la realidad que nos muestran los 3 millones 309 mil 635 de peruanos[2] (10,1% del total de la población nacional) que durante las tres últimas décadas salieron del país y no han retornado. En la gran mayoría de casos, los peruanos han tenido que emigrar para tener una vida plena, con mejores y más opciones de desarrollo y reconocimiento de sus derechos humanos, ya sea escapando de la pobreza o por el temor fundado de sufrir persecución y hostigamiento político o de género, entre otros. Nos quedamos embelesados con sus historias de éxito, las menos, pero olvidamos las dificultades que encuentra la mayoría a la hora de acceder a un trabajo, vivienda, salud y otras necesidades básicas, lo que hace que en muchas ocasiones sean cubiertas por los programas y servicios sociales del país de acogida.
Pero, además, nuestros compatriotas se encuentran con otra dificultad: el duelo migratorio. Es que la migración conlleva un proceso emocional que surge a partir de la pérdida de referentes personales, sociales e institucionales como la pérdida de la familia y los seres queridos, la cultura, la tierra y el estatus social. Todas estas pérdidas colocan a las personas migrantes en un péndulo entre dos culturas, dos códigos sociales, dos tiempos, dos familias, dos espacios, entre la estima y el buen recibimiento por una parte, y el rechazo, el odio y la desprotección por otra. Son pérdidas múltiples que se magnifican dependiendo de las vulnerabilidades que se entrecruzan. Por ejemplo, ser una mujer madre migrante en condiciones de precariedad económica, que fue víctima de explotación sexual y que transita una serie de emociones, pérdidas y dificultades muy particulares. En estos casos, el Estado del país de acogida tiene la responsabilidad de garantizar su acceso a la justicia y servicios, haciéndola sentir segura y parte de la comunidad de acogida. No olvidemos que los derechos humanos y su goce son universales independientemente de la situación migratoria de las personas.
En el Perú, la población migrante es voluminosa. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones[3], hay 1 millón 347 mil 893 extranjeros viviendo en el país. El 86,8% son venezolanos (1 millón 170 mil 621)[4], el 3,3% (44 mil 250), colombianos; el 1,1% (14 mil 156), ecuatorianos y hay un 1% de estadounidenses (13 mil 444) y de españoles (13 mil 393), por citar los más resaltantes. El Perú representa para estas personas la oportunidad de tener una nueva vida; sin embargo, la búsqueda de oportunidades es mucho más hostil de lo que podemos percibir. Si ya de por sí en Perú la regularización migratoria es complicada, las dificultades para ingresar al sistema de salud, educativo o laboral lo son aún más. En un país donde la informalidad laboral supera el 70% de la población económicamente activa la vulnerabilidad de la población migrante para ser víctimas de trata de personas y de otras formas de explotación se incrementa.
También hay otra problemática que incrementa esta vulnerabilidad: la criminalización de conductas que tienen como base una serie de estereotipos, prejuicios y mitos de la población migrante. Un ejemplo muy claro es la hipersexualización de las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas, lo que las coloca en una condición de alta vulnerabilidad frente a la trata de personas, la violencia de género y otras situaciones que afectan su dignidad y sus derechos humanos. De hecho, durante el 2022 el Ministerio Público registró un total de 1430 víctimas de trata de personas, de las que el 16.15% tienen nacionalidad venezolana; sin embargo, también hay un subregistro de otro 20.8% de víctimas extranjeras de las que no precisa la nacionalidad.
Pero la población migrante no es solo venezolana. En la última semana tres migrantes haitianos, entre ellos un niño, fallecieron en Desaguadero (frontera Perú-Bolivia) al no poder recibir atención médica por los bloqueos de las carreteras. Con ellos ya suman siete los ciudadanos haitianos que murieron por falta de alimento, cobijo y la afectación que supone estar a casi 4000 metros de altitud[5]. Migrantes que, al igual que en otras zonas fronterizas, como Tumbes, Tacna o Madre de Dios, se ven obligados a vivir y dormir en la calle, incrementando su condición de vulnerabilidad. Familias enteras que, mochila en la espalda y niñas y niños en hombros, caminan días enteros para llegar a sus lugares de destino, y que han creado una estampa de tragedia humana totalmente naturalizada que ya no sorprende pero debe hacer plantearnos qué respuesta les estamos dando, no sólo como Estado sino como ciudadanos. En ambos casos hay responsabilidad.
A pesar de la universalidad de los derechos humanos y de su reconocimiento en Perú, tanto en la legislación nacional como en la aplicación de los instrumentos internacionales, desde la Constitución Política del Perú hasta la Convención Americana de Derechos Humanos y los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, apátridas y las víctimas de la Trata de Personas[6], la realidad nos permite afirmar que actualmente las personas migrantes se encuentran en una situación de crisis y desprotección de parte de las autoridades nacionales.
Decíamos al principio que Perú es un país caracterizado por el carácter caminante de sus connacionales. Acompañemos en su camino también a los migrantes que recibimos.
[1] Perú, una nación caminante, Eduardo González Viaña, 2022, publicado con apoyo de la Embajada de Perú en España
[2] Instituto Nacional de Informática (INEI), agosto 2022.
[3] Instituto Nacional de Informática (INEI), agosto 2022 con información de la Superintendencia Nacional de Migraciones
[4] Según R4V para el 2 de diciembre del 2022 hay 1.5 M de venezolanos en Perú.
[5]Mueren tres haitianos más por los bloqueos de vías por manifestantes en Perú, https://www.infobae.com/america/agencias/2023/02/04/mueren-tres-haitianos-mas-por-los-bloqueos-de-vias-por-manifestantes-en-peru-3/
[6] Resolución 04/19 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 2019
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