Las últimas semanas de enero, CHS Alternativo a través de sus Centros de Atención Psicológica y Legal a víctimas de trata de personas en Lima e Iquitos atendió dos casos que confirman la importancia que ha adquirido para las organizaciones criminales de la trata de personas el denominado corredor norte y que ya había sido puesto en evidencia en el estudio nacional realizado por CHS Alternativo en 2010, La Percepción de la Trata de Personas en el Perú.
Corredor norte
Tiene como zona de origen (captación) a Iquitos, desde donde las víctimas son trasladadas en lanchas hasta el Puerto de Yurimaguas por los ríos Amazonas, Marañón y Huallaga.
Desde Yurimaguas, son trasladadas por vía terrestre a través de San Martín hacia Amazonas (Bagua Chica – Bagua Grande) y Cajamarca (Jaén). Este último lugar constituye el punto de paso hacia Lambayeque, desde donde se distribuyen a las víctimas con destino al norte (Piura y Tumbes) o sur del país (Lima, Moquegua, Tacna).
A lo largo de dicho trayecto existen una serie de bares, cantinas y locales nocturnos donde las víctimas son explotadas laboral y sobretodo, sexualmente.
Sin control
Esta ruta pone en agenda nuevamente la poca rigurosidad en el control del traslado de menores de edad, tanto en la vía fluvial como en la terrestre, donde no suele verificarse la identidad de los pasajeros y menos la autorización de viaje correspondiente.
Esta situación es particularmente preocupante, si tomamos en cuenta que el Puerto de Yurimaguas se convertirá en los próximos años en un punto central del eje multimodal Amazonas Norte que conectará el Puerto de Paita (Piura) con Brasil.
Nuevo modus operandi
Los casos atendidos en el último mes a nivel nacional por CHS Alternativo, confirman también una nueva tendencia en el accionar de las organizaciones criminales de la trata de personas: la captación de víctimas mayores de edad pero muy jóvenes (18, 19 y 20 años).
Esta forma de operar favorece a los tratantes de dos maneras:
– por un lado reduce en parte los riesgos de trasladar a menores de edad (en el marco de un sostenido trabajo que viene realizando la RENIEC para que los menores de edad cuenten con un DNI y una norma que obliga a las empresas de transporte solicitar el DNI y permiso notarial al momento de la venta de pasajes),
– y por el otro, hace más compleja la investigación del delito y la consiguiente labor probatoria en el proceso penal, sustentado por lo general en el rescate y declaración de una víctima menor de edad.
¿Sálvese quien pueda?
Los casos atendidos ponen de manifiesto problemas recurrentes del sistema de asistencia y protección de víctimas así como de sanción a tratantes, que hemos advertido más de una vez. Aquí un breve listado de debilidades del sistema, que esperamos se empiecen a revertir:
– Subsiste la falta de recursos económicos para el retorno de víctimas. Las que no retornan por sus propios medios recurren a la caridad pública, exponiéndose en extremo ante los medios de comunicación, poniendo en riesgo su seguridad.
– Se toman declaraciones a nivel policial sin presencia Fiscal. En consecuencia, las víctimas deben una y otra vez repetir su declaración con el consiguiente impacto psicológico en la víctima.
– La declaración de las víctimas se realiza sin asistencia legal, cuando existe un mandato legal que garantiza ese derecho de forma gratuita.
– Otros derechos como salud (embarazos, ITS, golpes, quemaduras, etc.), alojamiento inmediato (una víctima tuvo que vivir 21 días en una Comisaría); documentación (DNI gratuito), entre otros, nos son atendidos.
– Existen numerosos denuncias en investigación fiscal o judicial, pero aún pocas sentencias condenatorias.
– Los casos investigados por el delito de lavado de activos provenientes de la trata de personas son aún insuficientes frente a la magnitud de dinero que genera este delito. Basta recordar que es el segundo delito más lucrativo en el mundo y que se encuentra vinculado a otros delitos (tráfico ilícito de drogas y migrantes; corrupción de funcionarios, entre otros).
– Una pieza central en el engranaje, son las Unidades de Asistencia y Protección de Víctimas y Testigos, cuya responsabilidad es preservar la vida e integridad de los actores centrales del proceso: víctimas y testigos. Solo a mérito de ejemplo, en el caso bar «La Noche» de Piura, la testigo principal Francisca Macharé Ramírez murió extrañamente a manos del principal sospechoso de este caso, en un accidente automovilístico (homicidio culposo). Con su muerte se debilita el caso notoriamente, pues los otros testigos se han negado a asistir al Ministerio Público para ratificar su declaración. La víctima ha quedado librada a su suerte.
En el año 2011 el Perú debe presentar al Comité de los Derechos del Niño de la ONU su cuarto informe de cumplimiento, lo que constituye una oportunidad para tomarse en serio este delito, sobre todo atendiendo a la preocupación mostrada por el Comité con motivo del Tercer Informe del país.
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