Exactamente en 5 semanas el nuevo gobierno entrará en funciones. La agenda de derechos humanos para el próximo quinquenio, se presenta especialmente amplia. Las nuevas expresiones de violación a los derechos humanos, como la trata de personas y la explotación de los seres humanos, sin duda debe ser un tema de agenda, especialmente en un país con baja institucionalidad y débil presencia del Estado.
Delitos complejos como el narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, lavado de activos o trata de personas, encuentran en estos ámbitos el espacio necesario para operar con total impunidad. Sucede lo mismo con actividades informales como la minería, tala ilegal o segregación de basura, que incluyen directamente a víctimas de trata de personas o indirectamente en actividades conexas como locales nocturnos, cantinas y prostíbulos.
Sabemos que los planes de gobierno de ninguno de los candidatos incluyeron propuestas para hacer frente a la trata de personas. Adolescentes y mujeres jóvenes, vale decir las principales víctimas del delito, quedaron fuera de estas. La sensibilidad para percibir un delito tan grave en el país y en el mundo como la trata de personas estuvo ausente en la agenda.
Si bien se ha logrado construir un sistema básico de políticas públicas en este campo, su implementación es en gran medida un tema pendiente. En ese marco, planteamos aquí algunos temas que esperamos se incorporen con resultados tangibles en la agenda del nuevo gobierno:
– Implementación de un programa de sensibilización y prevención en escuelas ubicadas en zonas de mayor vulnerabilidad (Reglamento de la Ley 28950. Art. 7 – Ministerio de Educación).
– Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 de la Ley General de Inspección del Trabajo (Ley 28806) sobre identificación de presunta comisión de delito en centros laborales. Incluir en su programa de inspecciones a locales nocturnos, bares, cantinas, prostíbulos, aserraderos, centros mineros informales, zonas de tala ilegal de madera, maquilas y talleres de confección y artesanía, entre otros.
– Regular el mercado de ofertas de trabajo, altamente informalizado. El Registro Nacional de Agencias de Empleo ha quedado obsoleto. Las Direcciones Regionales de Trabajo no fiscalizan a las agencias de empleo. Los municipios otorgan licencias de funcionamiento a agencias de empleo, sin requerir la inscripción previa en el registro nacional.
– Cumplir con las normas sobre autorización, registro y supervisión del trabajo adolescente por cuenta ajena.
– Dar cumplimiento a la relación de trabajo y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral de adolescentes (Decreto Supremo No. 003-2010-MIMDES). Especialmente en el sector minero.
– Aprobar una Directiva sobre registro de niños menores de 5 años en el manifiesto de pasajeros del transporte, para prevenir el traslado y venta de niños pequeños.
– Controlar el cumplimiento de las normas sobre autorización de viaje e identificación en el traslado de menores de edad por vía terrestre, fluvial, marítima y aérea.
– Protocolizar la detección de casos en servicios de salud. Establecer los mecanismos necesarios para que el personal de establecimientos de salud denuncie los presuntos casos de trata de personas identificados en su servicio. Muchas de las víctimas pasan por los servicios de salud, incluso obtienen carné de trabajadora sexual adulta con documentos falsos o mediante actos de corrupción.
– Fortalecer el control en las zonas de frontera, especialmente en el norte (Tumbes, Piura) y sur (Puno, Madre de Dios) del país, donde la trata de personas se vincula a delitos como el tráfico ilegal de migrantes y narcotráfico.
– Fortalecer la persecución del delito desde una perspectiva integral, esto supone: mejorar las capacidades (técnicas, instrumentales y tecnológicas) de los operadores policiales y fiscales en la labor de inteligencia y probanza; valorar el concurso de delitos, como el lavado de activos y la corrupción de funcionarios; desarticular redes y detener a cabecillas; implementar una unidad de seguimiento a casos judicializados; registrar todos los casos en el sistema RETA PNP y articular los registros a lo largo de la administración de justicia.
– Mejorar la calidad, cobertura y oportunidad del sistema de asistencia y protección a víctimas y testigos. Adecuar servicios públicos para el alojamiento transitorio; atención de emergencia y traslado de víctimas y familiares; atención de salud gratuita a víctimas sin documento nacional de identidad (DNI); protección policial a familiares y testigos; asistencia legal a víctimas para obtener una reparación civil en el proceso; proteger la identidad de la víctimas y familiares, sancionando al servidor público que lo permite.
– Capacitar y generar servicios en las oficinas consulares del exterior para informar preventivamente y brindar servicios básicos de asistencia legal y social a víctimas peruanas en el extranjero.
– Implementar en el Ministerio de Justicia una procuraduría pública del delito de trata de personas.
– Generar un fondo de investigación que favorezca la toma de decisiones sobre la base de la evidencia.
– Generar un programa presupuestal estratégico para hacer frente a la trata de personas en el país.
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