El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el informe anual sobre la situación de la trata de personas en el mundo. Señalando que el gobierno del Perú no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, manteniéndose en el nivel 2 de evaluación.
Si bien se destacan algunos avances como la obligación del Presidente del Consejo de Ministros de informar anualmente al Congreso de la República, los logros en la lucha contra este delito, preocupa la insuficiente asignación presupuestal para atender el problema, especialmente en lo que compete a la asistencia y protección de víctimas.
Un número reducido de condenas en comparación con el número de víctimas identificadas, muestra la necesidad de fortalecer el sistema de administración de justicia con fiscalías y juzgados especializados que operen con competencia nacional.
Se señala que la recopilación de estadísticas oficiales sufrió un revés durante el año 2012, ya que el sistema RETA PNP quedó inoperativo durante algunos meses, por responsabilidad del Ministerio del Interior.
La corrupción de funcionarios públicos del nivel nacional y local, facilitó el incremento de centros de explotación, en otros casos personal policial fue investigado por extorsionar a dueños de establecimientos.
Como puede verse el mencionado informe reitera las falencias del Estado para enfrentar con éxito a las organizaciones y personas dedicadas a la trata de personas.
Encontrándose a puertas la discusión del presupuesto público para el año 2014, es el momento para que el Ejecutivo y los Gobiernos Regionales decidan asignar recursos para la lucha contra este delito. O cuando menos, lo suficiente, para poner en la agenda presupuestal a La Rinconada y otros lugares del país donde se convive con esta dolorosa situación.
Implementar un programa nacional contra la trata de personas, permitiría contar con un organismo público capaz de gerenciar la política pública en este campo. Una entidad líder con criterio y competencia, que armonice como un director de sinfónica las oportunidades que ofrece el marco normativo actual. A título de ejemplo, no es posible que diariamente decenas de víctimas se trasladen sin ningún control a los enclaves de la trata de personas ante la vista de las autoridades.
En suma, el informe muestra una situación ya conocida con la vergüenza de que esta vez se trata de un observador externo. Esperamos que al menos se sonrojen las autoridades, aunque nada de ello, se parecerá a la desesperanza que viven las víctimas y sus familiares.
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