Entrevista a Silvia Loli Espinoza, Directora General de la Dirección contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El MIMP ha incrementado su presupuesto de 896, 948 a 4’812, 339 soles para la lucha contra la trata de personas ¿Cuánto de este presupuesto se ha ejecutado en su dirección y en qué actividades?
Nosotros hemos ejecutado alrededor de 200 mil soles que no teníamos el año anterior. Hemos hecho cinco encuentros macro regionales para trabajar e incentivar a los gobiernos regionales y locales para que puedan participar más activamente. Hemos organizado cuatro encuentros binacionales en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los Comités de Fronteras. También hemos hecho cuatro publicaciones: Una guía para saber cómo comunicar situaciones de trata de personas; una guía para comunicadores; una guía de atención integral para la recuperación de las víctimas; y, un documento jurídico para magistrados. Por otro lado, también estamos organizando un seminario internacional sobre trata de personas en coordinación con la Dirección General de Infancia y Adolescencia en Tacna. Además de reuniones de trabajo con autoridades policiales, fiscales, jueces y sociedad civil.
La mayoría de estas acciones están relacionadas a prevención y herramientas de gestión. Uno de los puntos que se menciona en el Informe es la necesidad mejorar la atención y protección, por ejemplo: sólo 1 de cada 23 víctimas de trata menores de edad puede ser atendidas en un albergue especializado ¿Qué estrategias se están planeando desde el sector para mejorar esta situación?
Primero, quisiera señalar que de acuerdo al marco normativo vigente la responsabilidad de implementar los albergues corresponde a los gobiernos regionales. Esto es una dificultad ya que se presiona al ministerio para que se hagan los albergues que esto no es su competencia funcional. Esto significa que nosotros no podemos ni incorporar actividades para crear nuevos albergues, ni solicitar recursos al MEF para que podamos abarcar este tipo de servicios. Sin embargo, los dos centros de atención residencial para menores que existen, han sido posibles gracias a la intervención del INABIF (albergue en Lima), y al convenio entre un gobierno local y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (albergue Madre de Dios). Se tuvo que desarrollar una propuesta especial porque nosotros no tenemos mandato explicito para brindar recursos para que puedan funcionar cotidianamente los albergues. Debido a que hay escases de espacios de protección, nos encontramos negociando con el MEF la modificación de las prioridades del fondo de inversión pública de los gobiernos regionales y locales para que no existan excusas de falta de presupuesto y nosotros podamos brindarles asesoría técnica. Actualmente, nos encontramos trabajando como un agente articulador no solamente para que se puedan formular los proyectos, sino también para que el dinero pueda llegar.
¿Cuáles son los retos que usted percibe en la asistencia y protección a víctimas de trata de personas y cómo el MIMP está interviniendo?
En general, el Estado trata de brindar una atención estandarizada. Pero sabemos que en los casos de trata hay diferencia por género, edad, cultura y por tipo de trata. Justamente estamos haciendo una guía para una atención integral y personalizada, que se encuentra por aprobar. Ahora tenemos que hacer un procedimiento interno para que se apruebe como un marco normativo nacional.
En mi Dirección nos encargamos de hacer políticas públicas y damos un marco normativo en relación al funcionamiento de operación. Mi dirección es un ente rector normativo y no administramos nada. A nivel de administración, el ministerio cuenta con el INABIF y el programa YACHAY que tienen los centros de atención especial para personas menores de edad. Cuando hay una solicitud de alberge de otro tipo de persona por vía excepción, sí se ha estado recibiendo. Cabe mencionar que los albergues de estos programas también son escasos. Sólo existen 11 albergues para víctimas de violencia familiar y sexual a nivel nacional los cuales son administrados por gobiernos locales. Aun cuando la trata de personas es un tema en el cual el ministerio está incrementando sustancialmente su financiamiento, lo cierto es que no tenemos rectoría sobre ese tema. Es complicado porque las normas te señalan una determinada división de trabajo; sin embargo la población y la sociedad civil nos reclaman varias cosas que no están bajo nuestra competencia ni marco normativo.
¿La excusa va a siempre ser la falta de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales?
La norma en el marco del proceso de descentralización le ha quitado la responsabilidad de tener servicios directos al Estado central, dándoles la responsabilidad a los gobiernos regionales y locales.
¿Cómo se puede presionar a los gobiernos regionales y locales para que hagan su labor de proteger y asistir a las víctimas de trata?
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