Roxana Vásquez Sotelo, abogada, investigadora en temas de género y derechos humanos.
1. Desde su perspectiva, ¿qué patrones socioculturales permiten en la actualidad la legitimación y tolerancia de las situaciones de explotación y violencia contra la mujer, como sucede en los casos de trata de personas?
Todos aquellos patrones en donde subyace, con mayor o menor grado de profundidad, esta idea tan extendida en donde las mujeres, al fin y al cabo somos inferiores a los hombres. Claro, esto no puede ser confesado abiertamente, no forma parte del discurso de lo políticamente correcto, difícilmente sería reconocida, lo que se suele verbalizar es que todos somos iguales, no somos racistas, ni sexistas. Lo que pasa es que en una sociedad como la peruana, fragmentada por tantos motivos, con ideas todavía muy conservadoras en un considerable porcentaje de la población, resulta evidente que la igualdad como principio y como derecho humano no está en el centro de las preocupaciones, ni en las autoridades ni en la ciudadanía. Por ello, es que el terreno sigue siendo muy propicio para que, en nombre de las diferencias, se filtre una desigualdad que inferioriza a los otros, en este caso a las otras. Se habla de avances en la igualdad con gran facilismo, en muchos casos se pretende sostener que la igualdad ya ha sido alcanzada porque contamos con congresistas, ministras, empresarias, etc.
Lamentablemente no es así, la tolerancia social, producto muchas veces de la gran indiferencia de la mayoría, no podría ser explicada sino por una cierta naturalización de la desigualdad, en este caso entre hombres y mujeres, desigualdad que, arropada bajo el manto de las diferencias naturales, justifican una diferencia que inferioriza, no una diferencia que respeta y que se vive en condiciones de igualdad, sino una que jerarquiza, por ejemplo, la libertad de las mujeres en el campo de sus decisiones, en la administración de su tiempo, en el ejercicio de su sexualidad, entre muchas otras.
2. 8 de cada 10 víctimas de la trata de personas en nuestro país, son mujeres. ¿A qué cree que se deba este alto porcentaje de víctimas mujeres? ¿Cuál es la relación de la trata de personas con otros delitos relacionados a la violencia de género?
En la misma línea de razonamiento de la respuesta anterior, la sexualidad femenina forma parte central de la dominación femenina. Al concebir sus cuerpos como objetos al servicio de tanto para la reproducción humana como para producir placer en los otros, se puede observar con claridad en donde se encuentra el origen de tal situación. Ello explicaría por ejemplo por qué el aborto resulta inaceptable en nombre de la defensa de la vida del feto, desconsiderando de modo impresionantemente desproporcionada la vida de las mujeres. Sería interesante preguntarse: si el hombre fuera el que gestara, ¿el tratamiento legal y moral sería el mismo frente a la eventualidad de un aborto?
El cuerpo y la sexualidad de las mujeres como botín de guerra es parte de una historia muy bien conocida en las guerras y como parte de la lógica de vencedores y vencidos.
La violación sexual en los ámbitos públicos pero sobre todo en los más privados, íntimos y supuestamente seguros es una verdad que cada vez es más sólidamente revelada, demostrada y sustentada. La idea tan ampliamente extendida de que cuando una mujer dice NO en realidad quiere decir que SÍ. Las fantasías construidas respecto de la virginidad de las mujeres y del encanto sexual de las niñas y púberes, forman parte de las atroces violaciones que se han cometido y se siguen cometiendo a los derechos de las mujeres en nombre de la naturalización de la violencia de género y que da cuenta del lugar que todavía ocupamos también las mujeres para el imaginario de dominación masculino.
3. A nivel de programas y planes del Estado, ¿considera que están enfrentando de forma estructural el problema de la violencia contra la mujer?
Me parece que no. Me parece que todavía se siguen colocando los énfasis como en el trabajo de los bomberos, intentando y de modo poco eficiente apagar incendios. Ello indica no solo la falta de una comprensión integral e integradora del problema sino también expresa la frágil voluntad política para actuar, no para preparar discursos, para actuar con lucidez, con decisión, con recursos.
Al no asumir el diagnóstico correcto respecto de las raíces y auténticas razones del problema, los énfasis en el desarrollo de acciones y estrategias, por ejemplo, en el campo de la prevención, formación / capacitación de operadores públicos; en las asignaciones presupuestales; en la identificación de actores relevantes y prioritarios para realizar y sostener un trabajo que debe tener un horizonte de muy largo plazo porque trata de revertir prácticas culturales patriarcales.
El trabajo de acoger denuncias y brindar servicios de atención especializada sigue actuando en la fase posterior a la comisión de los delitos, y si bien resulta muy importante en la búsqueda de la justicia y la reparación de los daños, entraña el enorme riesgo de no generar los avances que muchas veces se proponen voluntaristamente en los documentos de política, en la medida que al no apuntar adecuadamente a las causas de este enorme problema político y social, no es posible realizar un razonamiento de tipo estratégico que articule, transversalice y dimensione el alcance del problema que se requiere enfrentar.
4. ¿Qué estrategias se deberían trabajar desde las OSC (organizaciones de la sociedad civil), el Estado y las instituciones privadas a fin de contrarrestar la inacción y tolerancia de la ciudadanía frente a la trata de personas con enfoque de género?
En primer lugar, seguir dando a conocer la existencia y magnitud de este gravísimo problema en una sociedad que prefiere cerrar los ojos a aquello que nos horroriza y nos compromete. En segundo lugar, trabajar para que se entienda de qué se trata realmente, dónde están las verdaderas causas de los problemas de la trata de personas en el país, para evitar quedarse en respuestas superficiales y muchas veces desarticuladas, por tanto mecanicistas y sobre-simplificadas. En tercer lugar, seguir demandando al Estado el cumplimiento de sus compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.
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