Aprobado el Reglamento de la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, Mirada Ciudadana ha iniciado un proceso de análisis de las responsabilidades encomendadas a cada unos de los sectores involucrados.
Al respecto, el Reglamento del la ley 28950 establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es responsable de …desarrollar las Directivas para que los transportistas exijan la presentación del DNI o partida de nacimiento y autorización de viaje de ser el caso, para la expedición de los boletos de venta de menores de edad…, así como para que estos …transportistas brinden el apoyo necesario a las autoridades para el cumplimiento de la identificación de pasajeros… (Artículo 14). Responsabilidad que entendemos deberá empezar a implementarse en los próximos días.
En ese marco, ¿alguna vez nos hemos preguntado cuántos menores de edad se desplazan a nivel nacional sin la autorización de viaje prevista en los artículos 111 y 112 del Código de los Niños y Adolescentes?
Las estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señalan que en el año 2007 se registraron 63´065,931 pasajeros en el transporte interprovincial terrestre, siendo Lima con 20´749,020 la que mayor cantidad de pasajeros generó, seguida de Arequipa con 6´445,748.
Estos viajes se realizaron en algunas de las 5,275 empresas de transporte interprovincial y se embarcaron quizás en uno de los 37 terminales y estaciones de ruta autorizados a lo largo del país.
No obstante, estas cifras sólo reflejan el flujo formal. Sabemos que el flujo informal es intenso, pero no se tienen cifras exactas al respecto. Sin embargo, dependiendo de la zona, hasta 99 menores de edad, de cada 100, estarían viajando sin autorización de sus padres.
Según el Colegio de Notarios de Lima, anualmente se emiten en Lima solamente 20,000 autorizaciones de viaje para menores de edad, lo que representa el 0.096% del total de viajes realizados en un año. Si bien no existen cifras oficiales de autorizaciones de viajes judiciales, esta cifra, por los costos y el trámite engorroso que representa, podría ser similar a las autorizaciones notariales, e inclusive si fuera el doble; aún así, no representarían más del 0.2% del total de viajes terrestres de Lima.
Si bien se carece de información detallada sobre las edades de los pasajeros que usaron empresas de transporte interprovincial terrestre, tomando en cuenta las estadísticas del MTC, 40.6% de accidentes de tránsito a nivel nacional tiene a un menor de edad como víctima. Entonces, podemos estimar que 4 de cada 10 pasajeros son menores de edad, representando alrededor de 25 millones de pasajeros menores de edad en un año.
Cabe preguntarse: ¿Cuántos de estos 25 millones de pasajeros menores de edad contaron con autorizaciones de viaje, en caso de no viajar acompañado de por lo menos uno de sus padres? ¿A cuántos menores de edad, que no viajaron en compañía de por lo menos uno de sus padres, las empresas de transporte terrestres exigieron la autorización de viaje antes de emitir el boleto? ¿Cuántos de los 25 millones de pasajeros menores de edad, fueron controlados en las garitas de la Policía Nacional?
Esta situación pone en evidencia la inaplicación práctica de la obligatoriedad de contar con autorizaciones de viaje en los casos de menores de edad no acompañados por sus padres, tanto por la falta de control en los terminales terrestres, como en las garitas de control por parte de la Policía Nacional, hecho que facilita enormemente el traslado de las víctimas de trata de personas por parte de las organizaciones criminales.
Pero esta falta de control podría además agravarse por algunos hechos recientes dirigidos no precisamente a reducir los riesgos de la indocumentación. Tal como lo señaló el pasado 01/12/08 la Defensoría del Pueblo, donde da cuenta de que por falta de un fondo de contrapartida económica, estaría retirándose de la ejecución del proyecto Identidad y Ciudadanía con la Unión Europea, perdiéndose la suma de 7 millones de euros y privándose a 30,000 menores de edad de obtener su DNI.
En otros aspectos de la noticia, Reporte Alternativo entrevistó a la Dra. Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, a quien consultamos acerca de la decisión institucional de abordar a partir del año 2009 la trata de personas como uno de los ejes de trabajo de la Defensoría.
Ya en la sección de noticias internacionales, recomendamos ver los resultados de un estudio realizado en el Salvador, donde se informa acerca de 98 casos procesados desde la aprobación de la Ley contra la trata de personas.
Finalmente en la sección nacional destaca la presencia de 8 casos de trata de personas derivados por el Centro Emergencia Mujer de Piura al Ministerio Público, así como los casos de niñas y adolescentes explotadas sexualmente en bares y cantinas de Talara.
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