El pasado 19 de octubre de 2010 los medios de comunicación informaron sobre la incautación de bienes por un monto aproximado de 15 millones de dólares a Constancia Susana Santos Luis De Pablo y sus familiares, producto de lavado de ingresos derivados del proxenetismo y la trata de personas.
De esta manera se concretó la primera investigación por este delito y fue promovida por la Procuraduría Pública Especializada para los delitos de lavado de activos y procesos de pérdidas de dominio del Ministerio de Justicia, a cargo de la Dra. Amelia Príncipe Trujillo. Participaron también la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) de la DIRINCRI y el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial quien finalmente amparo la solicitud.
Un delito conexo e importante para sancionar a los tratantes
El caso mencionado abre un camino nuevo en la lucha contra la trata de personas en el país. Pues no solo representa la culminación de un trabajo coordinado entre diversos organismos públicos, sino que da un golpe al objetivo principal de las organizaciones criminales: el lucro.
Sabemos que las organizaciones criminales sustenten su actividad basadas en una fórmula muy sencilla pero eficaz:
BAJO COSTO + RIESGO CERO = ALTA RENTABILIDAD
En efecto, sin dinero y sin locales donde continuar su actividad delictiva, sumado a una captura inminente, la consecuencia previsible es que la organización criminal quede débil y vulnerable.
¿Una es ninguna?
La presunta autora había sido sentenciada en el año 2005 por el delito contra la libertad en la modalidad de proxenetismo con prisión suspendida. En foros de Internet, sus establecimientos eran conocidos locales nocturnos de Lima, vinculados a la explotación sexual.
Pero ¿Es esta acaso la única organización criminal que maneja tal cantidad de recursos económicos? Es evidente que no. Como hemos señalado en más de una editorial en los últimos años se han incrementado notablemente los ingresos de estas organizaciones criminales.
Destino de los bienes
De comprobarse el origen ilícito de los bienes, estos pasarían al patrimonio del Estado. Lo que no sabemos es a qué rubro se destinarían.
Así como el Presidente de la República ha priorizado el uso del dinero del narcotráfico en la lucha contra las drogas , Reporte Alternativo considera que los bienes y activos incautados a los tratantes de personas deben ser empleados a favor de las víctimas y de la persecución del delito.
Si bien las cifras oficiales recogidas en el Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines no arrojan números muy altos, existe un enorme subregistro de víctimas, lo que puede ser apreciado fácilmente con leer los diarios cada día.
Los servicios de atención no se dan abasto, no hay centros especializados, se carece de un fondo de retorno de víctimas, de información preventiva, de recurso para pruebas médicas y de un sin número de necesidades.
El dinero proveniente de la trata de personas debe ser utilizado para resarcir a las víctimas, garantizar su protección y asistencia, prevenir que se comentan estos delitos e investigar y perseguir a los agentes del delito.
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