EDICIÓN ESPECIAL – PARTE DOS.
Coincidimos con el viceministro Otárola cuando afirma que el Plan Nacional de Acción Contra la Trata (PNAT) es un producto del consenso entre la sociedad civil y el Estado y, por supuesto, saludamos que el gobierno del presidente Ollanta Humala haya mostrado voluntad política para implementarlo.
En ese sentido, creemos que se ha dado un primer gran paso en la lucha contra este delito, y nosotros, como organización y parte de la Red Mirada Ciudadana, no solo proporcionaremos a las autoridades toda la información y asistencia que se pueda requerir para enfrentar la trata de personas, sino que también estaremos atentos a todo lo que se vaya avanzando con el PNAT.
Sin embargo, cabe aclarar que nos interesa el tema presupuestal porque CHS Alternativo, como uno de los miembros del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente Contra la Trata, ayudó en cierto modo a definir los puntos centrales de esta estrategia desde hace muchos años atrás. Desde el 2006, específicamente. Y así se puede verificar en nuestra publicación del año 2007, La Institucionalidad Contra la Trata de Personas.
En sus páginas puede leerse lo siguiente: «El proyecto contempla de manera específica acciones respecto a la persecución del delito y los delincuentes, así como la prevención, asistencia y protección. Expresa, además, la necesidad de descentralizar la ejecución de las acciones, para lo cual dispone de contrapartes regionales y locales».
Y allí mismo, a renglón seguido, se explica esto: «Existe, sin embargo, un tema crucial aún pendiente: la identificación expresa del componente trata de personas en los presupuestos de las distintas instancias del gobierno a nivel central, regional y local».
Presupuestos.
Precisamente sobre este tema el gobierno acaba de dar otra buena noticia: el Ministerio del Interior -del cual es funcionario el viceministro Luis Otárola- contará con una partida presupuestal destinada exclusivamente para el PNAT. Eso ya es un enorme avance no solo porque estos recursos servirán para aumentar los operativos en la lucha contra la trata de personas, sino también porque el Estado se ha percatado de la necesidad de que los ministerios cuenten con fondos propios.
Ahora solo falta esperar que los otros ministerios con participación directa -y gran responsabilidad- en el Plan Nacional también empiecen a contar con estas asignaciones específicas.
Manifestada ya nuestra posición, creemos también saludable pasar a otro asunto siempre desde el campo de las propuestas. Como esta, por ejemplo: la creación de albergues y casas de refugio para las víctimas a partir de los embargos realizados a las redes de trata.
El pasado viernes 4 de noviembre una noticia casi pasó desapercibida en los diarios capitalinos: la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) incautó dos residencias en el Callao desde donde una pareja de esposos había hecho una fortuna a partir de traficar y explotar a seres humanos. Solo en los inmuebles -sin considerar el mobiliario y vehículos incautados- se calcula que existiría un medio de millón de dólares disponibles.
Un dinero que, por supuesto, podría invertirse en implementar medidas de seguridad ciudadana y, en alguna forma, mejorar los alcances del PNAT. Eso, si es que esos fondos se destinasen a cubrir el delito al cual se ha combatido. Una situación que, sabemos, no necesariamente ocurre así.
Nosotros sugerimos una solución pragmática: convertir las residencias incautadas en centros de atención para víctimas.
¿Por qué es tan importante un albergue para víctimas? Porque allí estas no solo pueden acogerse con seguridad luego de denunciar a sus captores y evitar atentados contra su integridad: podrían recibir asistencia médica, psicológica y legal, y a partir de ello establecer una perspectiva de su futuro. Quizá considerando el cambio de identidad o el desplazamiento a un nuevo lugar, por ejemplo. O quizá consiguiendo un nuevo trabajo y siendo capacitada para ello. En otras palabras, una especie de refugio donde la persona afectada pueda replantear lo que será su vida en adelante, y saberse auxiliada por el Estado. Una atención que, además, implica re-socializar a la víctima no solo para que sobrelleve su trauma, sino también para que se reintegre con confianza dentro de la comunidad.
Para el Estado esta situación no es una novedad. Sabido es que en el país las víctimas de explotación sexual y laboral no cuentan con albergues que les puedan proporcionar todo lo anterior. Existen iniciativas gubernamentales -como la que se estaría preparando en Madre de Dios- pero todavía falta una política decisiva que establezca estos lugares como un sistema necesario y obligatorio: una red nacional de refugios. Y con dinero, además, de las mismas mafias de trata.
Solo así las víctimas podrán sentirse escuchadas: el primer paso para dejar de ser víctimas.
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