Entrevista a Liubomir Fernández, periodista del diario La República.
¿Desde cuándo tiene conocimiento de la situación de La Rinconada?
Bueno, en La Rinconada se conoce que hay trata de personas en la zona desde hace muchos años, lo que pasa es que las autoridades dicen que nunca hubo evidencias para que ellos puedan actuar y siempre que hay casos de recuperación de menores es porque han sido alertados por los familiares o porque ellas se escapan, pero nunca han ido más allá de eso.
¿Es de conocimiento público en la zona?
Es de conocimiento público pero nunca se ha hecho bien una intervención, se han realizado intervenciones pero poco fructíferas. En el año 2010 se recuperó a cuatro menores bolivianas pero eso fue por la intervención del consulado de Bolivia en Puno y porque los padres dieron a conocer que sus hijos estaban en la zona, sólo así entraron y las sacaron, pero ahí quedó. No se ha hecho ningún operativo radical a los negocios de expendio de cerveza como para decir que sí se está afrontando la trata de personas en La Rinconada.
¿Esto sucede en otras localidades de Puno?
Si, después de La Rinconada está Juliaca, Desaguadero, los centros mineros en la selva de sandia, etc.; en estos sectores se sabe que existe pero no hay evidencia porque viajar a la zona demora como 20 horas, la carretera sólo llega hasta un punto y después hay que caminar, entonces hay menos intervenciones de la policía. El caso es que si hay bastantes menores, sobretodo bolivianas.
¿A nivel local quién se hace responsable de esta situación?
En realidad en Puno nadie ha tomado la batuta para enfrentarse a la trata de personas, a veces resulta paradójico decir que la Defensoría del Pueblo que debería tomar interés en el tema termina admitiendo que nunca ha viajado a la zona. Por otro lado, la policía, el año pasado, realizó un estudio donde determina que en La Rinconada habrían unas 4000 menores; han creado un informe de inteligencia que probablemente a nadie le interese. Solamente cuando el tema llega a los medios y es escandaloso salen a dar declaraciones, pero luego pasa, se olvidan de lo sucedido y los tratantes siguen haciendo lo que les da la gana
La policía nunca va a actuar por voluntad propia, siempre va a esperar que el Ministerio Público tome la batuta. Nadie ve el tema, nadie tiene la iniciativa de declararle la guerra a la trata de personas, ni la policía, ni el municipio, ni el gobierno regional, solo cuando el caso es público ahí se pronuncian todos, pero cuando se pide resultados no hay.
¿Qué opina de las declaraciones de la ministra y del alcalde de La Rinconada?
Respecto a la Ministra, una opinión muy personal, creo que es una declaración del momento, probablemente cuando la ministra deje el cargo se olvidaran del tema; una cosa es dar declaraciones desde Lima y decirle al Fiscal de la Nación que tome cartas en el asunto y otra cosa es ir como miembro del estado a la zona y liderar la investigación, o por lo menos ir a llamar la atención; más allá de declaraciones políticas no creo que haga nada, porque si es que esta actividad existe y está cada vez más fuerte es porque alguien lo permite. Más allá de las declaraciones, la fiscalía no ha recibido ningún documento sobre el caso, no hay ninguna carta, fueron simplemente declaraciones. No creo que hagan mucho la verdad.
En el caso del alcalde, por lo riesgosos que es la zona y porque su autoridad solo llega al 10% de habitantes, tampoco se va a enfrenta; el alcalde lo único que va a hacer es certificar que si es una actividad y una costumbre de los hermanos mineros, pero más allá de eso no va a hacer nada; el poder del alcalde llegará máximo al 5% de los 40 000 habitantes que sí creen en la formalidad, en el orden y en combatir la trata; pero que puede hacer un alcalde, cinco regidores y doce funcionarios contra las 400 personas metidas en el negocio.
Todos se pronuncian y se indignan, pero una cosa es indignarse y otra tomar cartas en el asunto, son cosas totalmente distintas.
Conociendo la zona ¿Qué considera que se debe hacer?
Pienso que las autoridades deberían dejarse de hipocresías, sólo cuando un caso es polémico y sale en los medios de comunicación, todo el mundo habla y propone soluciones, pero otra cosa es estar en el lugar, prohibir los negocios de esas características, restringir el ingreso de cerveza a la zona, organizar a los mineros para que ellos también sean parte de la lucha contra este flagelo. Esto no lo va a hacer un municipio ni un alcalde distrital, lo debe hacer las autoridades de la Fiscalía, el Ministerio Público, etc. Tiene que haber un trabajo conjunto.
A la autoridad no le interesa, simplemente veo que un ministro o un congresista, habla porque le toca hablar y porque ese es su papel, pero no tienen compromiso con el tiempo, no hay soluciones ni medidas concretas, sólo una nota más o un escándalo más; y mientras tanto los tratantes solo se fortalecen, si ahora lograron entrar los periodistas, tomarán medidas para que no entren.
¿Qué opina de que el 50% de las menores sean bolivianas?
Es estratégico, al ser bolivianas son menos vulnerables a que las busquen, las encuentren o alguien pregunte por ellas porque son de otra nacionalidad; a quién le puede interesar que haya una boliviana en la zona, a nadie, no hay consulado, casi no hay policías, hay un serenazgo cuyo rango de acción solo alcanza las 3 cuadras; los mineros ahí imponen su ley y el consulado boliviano se encuentra a 6 horas en la ciudad de Puno y a la Fiscalía le da miedo entrar a la zona. El hecho de que sean bolivianas significa que los tratantes tienen menos oportunidades de enfrentarse con la ley porque nadie las va a reclamar, lo que no sucedería si fuesen peruanas.
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