El último miércoles se conmemoró en el Perú el Día Nacional contra la Trata de Personas. Como antesala a este importante día, el martes 22 fue presentado el Tercer Informe Alternativo sobre la situación de la trata de personas en el país, el cual fue presentado por Ricardo Valdés, director ejecutivo de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, junto al Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, el Ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, y representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.
El Informe evidenció importantes avances en materia de la prevención del delito, a través de campañas de sensibilización y difusión de la línea de denuncia. Asimismo, señaló que se ha incrementado el número de denuncias presentadas al Ministerio Público, lo que refiere una mayor capacidad del Estado para recibir las denuncias y mayor conciencia social para rechazar este atroz delito, así como también su vigencia. Sin embargo, aún quedan tareas pendientes a nivel de la sensibilización a grupos vulnerables, ya que solamente uno de cada 1000 alumnos ha sido informado sobre este delito. En relación a la capacitación del personal policial, solo 0.5% ha sido capacitado y el 84% de los efectivos no ha recibido aún información.
Aún persisten serias carencias en materia de las estrategias de asistencia y protección a víctimas. Solo una de cada 23 víctimas menores de edad puede ser atendida en un albergue especializado. Esto es debido a que solo se cuenta con dos Centros de Atención Residencial especializados para la atención a víctimas de trata de personas menores de edad. Asimismo, 572 víctimas mayores de edad se encuentran sin albergue especializado y el 94.6% de las familias de las víctimas no ha recibido la atención que le corresponde. Estas limitaciones se suman al aún limitado presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual asciende a S/.4´812,339.
En relación al acceso a la salud, el Ministerio de Salud reporta un pequeño presupuesto para brindar atención especializada a las víctimas; sin embargo, queda pendiente establecer mecanismos para garantizar el acceso prioritario a estos servicios, y facilitar el acceso a servicios de salud mental de las víctimas. El enfoque de derechos humanos en la atención que requieren las víctimas demanda una serie de estrategias especializadas y sostenibles que permiten la reintegración y restitución de sus derechos.
Sobre el presupuesto asignado, según lo reportado por los diversos sectores y gobiernos regionales y locales, este año ha sido de S/.8´863,742. En comparación a los S/.2´963,328 reportados el año pasado, se refleja una mayor voluntad política así como un nivel mayor de sensibilización de los decisores del Estado. Sin embargo, consideramos que sigue siendo insuficiente en relación a la real dimensión de este delito, ya que equivale a una inversión de 30 centavos por ciudadano al año. Es preocupante aún más el presupuesto reportado por los gobiernos regionales y locales el cual asciende a S/.40,533, considerando las competencias y responsabilidades que tiene para enfrentar la problemática.
Puede leer también:
No hay comentarios aún